El 11 de enero de 2022, el tribunal del arbitraje entre la compañía singapurense PACC Offshore (POSH) y México dictó el laudo del procedimiento. El 10 de mayo de 2022 se ha publicado en la web del CIADI el documento haciéndose público el monto de la condena a México que asciende a 6,7 millones de dólares por daños, muy lejos de los más de 200 millones de dólares que reclamaba la demandante, por las pérdidas durante la paralización de los buques de la compañía singapurense y las consecuentes pérdidas de reparación y por no uso.
El tribunal del procedimiento, abierto en mayo de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), y bajo reglas de Comisión de Naciones Unidad para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL – CNUDMI), mantiene que México incumplió con su obligación de brindar un trato justo y equitativo a PACC Offshore violando el Artículo 4 del Tratado Bilateral de Inversiones Singapur-México de 2009, pero rechaza que hubiera expropiación. El tribunal ordena a cada parte que asuma sus propias costas.
El laudo se acompaña de una opinión concurrente y disidente del árbitro W. Michael Reisman (designado por POSH). La terna arbitral la completan Andrés Rigo Sureda (presidente) y Philippe Sands (designado por México).
En el Análisis del Tribunal, éste explica que: “El Tribunal ha determinado que la responsabilidad de la Demandada se circunscribe a ciertos daños resultantes de la Orden de Detención.” [párrafo 271] Y añade que: “Dado que no hubo renovación automática de contratos, la posibilidad de su renovación debería evaluarse como “la pérdida de una oportunidad que potencialmente tenía un valor””. [párrafo 272]
El origen del conflicto
POSH solicitaba una indemnización de 200 millones de dólares a México en un conflicto que surgió en relación a contratos que mantenía la singapurense con Oceanografía SA, compañía que desde 2014 hasta febrero de 2018 estaba bajo control del Gobierno de México, detrás de una declaración de quiebra y cuestiones relacionadas con casos de fraude.
Oceanografía mantenía contratos con la mexicana Pemex Exploración y Producción y subarrendaba los servicios con PACC.
Según la compañía de Singapur, México con el concurso mercantil y las medidas tomadas en contra de Oceanografía habría violado desde 2014 sus obligaciones bajo el Capítulo II del Tratado Bilateral de Inversiones México-Singapur, lo que provocó que POSH no continuara fletando los buques, detenidos durante unos cinco meses por las autoridades mexicanas.
