México instó el pasado 30 de mayo al tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, del arbitraje que mantiene con los estadounidenses B-Mex, LLC and others, a rechazar la demanda de 100 millones de dólares por falta de jurisdicción, invocando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN (Nafta en sus siglas en inglés).

El arbitraje fue presentado en 2016 por un grupo de inversores estadounidenses que acusaban a México de destruir su negocio de juegos de azar a través de una serie de medidas discriminatorias contra ellos y sus instalaciones que comenzaron a producirse en agosto de 2011, cuando el Estado mexicano incautó bienes valorados en 1 millon de dólares (según se indica en el documento: Notice of intent to submit a claim to arbitration under chapter eleven of the North American Free Trade Agreement. Nafta Claims.)

En las conclusiones del Memorial sobre Excepciones a la Jurisdicción presentado el pasado martes, México defiende que el Tribunal debe concluir que no tiene jurisdicción sobre la reclamación por:
  • incumplir con lo dispuesto en el Artículo 1121 del TLCAN;
  • no haber podido probar que alguna de ellas tiene legitimidad procesal como “inversionista de una Parte” conforme a la definición de Artículo 1139 del TLCAN;
  • carecer de jurisdicción sobre las reclamaciones de las Demandantes Adicionales y las Empresas Mexicanas Adicionales.

El tribunal del arbitraje está formado por el belga Gaëtan Verhoosel (presidente), el estadounidense Gary B. Born (designado por el demandante) y el hispano-argentino Raúl E. Vinuesa (designado por el demandado).

El despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Washington) defiende a los demandantes.

 

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