Mapfre ha llegado a un acuerdo con Empresas Públicas de Medellín (EPM) en relación con un siniestro ocurrido en 2018 en el entorno del proyecto hidroeléctrico Hidroituango (Ituango-Puerto Valdivia, en Colombia), por el que abonará 983 millones de dólares antes de que termine el mes de enero del próximo año, y que pone fin al arbitraje iniciado en enero de este año y que fue suspendido hace unos meses.
El pasado mes de julio, EPM y Mapfre anunciaron la suspensión durante ocho meses del arbitraje iniciado por un siniestro en el proyecto de construcción de la presa Hidroituango. El actual acuerdo, que pone fin al arbitraje y en cuya firma estuvo presente el propio presidente de Colombia Iván Duque, compromete a Mapfre a reconocer como valor del siniestro derivado del fallo de responsabilidad fiscal el valor de 983 millones de dólares (casi 3.9 billones de pesos), que equivalen al 90% del valor del daño patrimonial, definido en 4.3 billones de pesos por la Contraloría General de la República (Fuente: Gobierno de Colombia).
La demanda de arbitraje fue presentada ante la Cámara de Comercio de Medellín en enero de este año por EPM “por un monto de $5,5 billones de pesos, con la finalidad principal de mantener la suspensión de los términos de caducidad, y continuar con el proceso de ajuste técnico del siniestro, de común acuerdo y de forma amigable”, según explicó EPM en información relevante de 23 de junio de 2021.
El arbitraje fue iniciado contra las aseguradoras de la presa Hidroituango por el siniestro de derrumbe de un túnel auxiliar, el 28 de abril de 2018, que se utilizó para desviar el río Cauca durante la construcción de la hidroeléctrica. La situación provocó la desaparición de varias poblaciones y los desplazamientos de las gentes que aún no habían sido evacuadas.
El siniestro del 28 de abril
El derrumbe de un túnel auxiliar para desviar el río Cauca mientras la construcción de la hidroeléctrica tuvo lugar el 28 de abril del 2018 y provocó la desaparición de varias poblaciones y los desplazamientos de las gentes que aún no habían sido evacuadas.
Para evitar una tragedia de magnitudes importantes el desvío provisional del río Cauca se corrigió para que volviera a su cauce natural, lo que provocó enormes pérdidas. A ello se unió otra contingencia relacionada con el destaponamiento de uno de los túneles seguido de una fuerte crecida sobre diversas poblaciones que fueron evacuadas, provocando el abandono de ganado, entre otros.
Todo se agravó con el peligro de rotura de la presa, la posible avalancha de agua y la época de lluvias. Las pruebas como cierre de compuertas de la presa no carecían de riesgos, ya que el cauce del río se reduciría notablemente, en febrero de 2019, este hecho provocó el secado total del río acompañado del desastre ecológico.
La presa Hidroituango
En la financiación de este megaproyecto también están involucradas otras compañías españolas como BBVA o Banco Santander (ver “Empresas españolas financian una hidroeléctrica colombiana con errores de construcción“, J. Marcos, Mª Ángeles Fernández, Público, 02.02.2020).
El proyecto no está exento de polémica y desde su inicio movimientos como el de Ríos Vivos han denunciado la ofensa ambiental y social que representa, además de la afrenta contra los derechos humanos. Este proyecto representa el 17% de la generación de energía del país.
