La Municipalidad de Lima ha solicitado que se detenga la demanda el procedimiento abierto en Estados Unidos relacionado con el arbitraje de Rutas de Lima, que condenó a Lima al pago de unos 67 millones de dólares y que sigue argumentando que se trató de un proyecto corrupto.

Para la Municipalidad el laudo valida procedimientos que están manchados por la corrupción, condicionante que el Tribunal internacional no contempló al no estar debidamente acreditado en el fuero judicial peruano.

En mayo de 2020, la Municipalidad de Lima perdió el arbitraje internacional mantenido con el consorcio Rutas de Lima, en origen propiedad de Odebrecht — cuya posición mayoritaria en el consorcio acabó en 2016 conservando el 25%, el fondo canadiense Brookfield adquirió el 57% y Sigma SAFI, fondo de inversión peruano, el 18%–, ante un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en Washington.

El tribunal del arbitraje lo formaron Alexis Mourre (presidente), Antonio Hierro (designado por el demandante) y Elvira Martínez Coco (designada por la demandada).

El laudo condenaba a la Municipalidad a asumir 230 millones de soles peruanos al consorcio (alrededor de 67 millones de dólares).

En agosto, la Municipalidad de Lima presentó una petición ante un tribunal estadounidense del Distrito de Columbia para anular el laudo arbitral.

El arbitraje

El origen del arbitraje está en la compensación exigida por Rutas de Lima ante la no recaudación, de fines de diciembre de 2016 a finales de octubre de 2018, de la tarifa de 5,50 dólares peruanos en las estaciones de peaje de Chillón, al norte de Lima.

A principios de 2017 una protesta contra el cobro de peajes en la zona de Chillón provocó que ante los altercados el alcalde en aquel momento Luis Castañeda Lossio suspendiera el cobro entre las fechas citadas en el anterior párrafo.

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