El arbitraje de inversiones de la compañía canadiense Espíritu Santo Holdings contra México ya tiene tribunal en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI): un colombiano, un suizo y un argentino.

Eduardo Zuleta ha sido designado como presidente por acuerdo de las partes, mientras que el suizo Charles Poncet, coárbitro designado por los demandantes, y el hispano-argentino Raúl E. Vinuesa, coárbitro designado por México.

Eduardo Zuleta ha participado en otros 22 arbitrajes en CIADI: 17 como presidente (ej. Campos Pesé-Panamá, Total-Argentina, Steag-España, Agroinsumos-Venezuela, Perenco-Ecuador), como coárbitro en dos (ej. René Rose Levy-Perú) y en tres como miembro de comité (ej. Impregilo-Argentina).

Charles Poncet cuenta en su haber con 14 arbitrajes más CIADI y en todos ellos ha formado parte del tribunal como coárbitro (ej. Odebrecht-Perú, Dominion Minerals v. Panamá; Carlos Sastre v. Mexico; Angel Samuel Seda v. Colombia; Air Canada v. Venezuela).

Raúl E. Vinuesa supera los 20 arbitrajes CIADI. En el registro del Centro aparecen sus designaciones como presidente (2), trece como coárbitro y el resto como counsel de una de las partes. Entre los procedimientos están: Latam Hydro y Mamacocha-Perú, MCI Power-Ecuador, Anglo American-Venezuela, Berkowitz-Costa Rica, Emilio Agustín Maffezini-España o Enel Green Power-Ecuador.

El arbitraje

Espiritu Santo Holding, LP presentó el arbitraje de inversiones contra México en mayo de 2020. El conflicto está relacionado con reclamaciones sobre sus inversiones en una concesión de movilidad del sector del taxi (taxímetros) y una aplicación móvil en Ciudad de México.

Espiritu Santo Holding argumenta que distintas actuaciones del gobierno mexicano afectaron a su inversión en la empresa Lusad, concesionaria para la sustitución, instalación y mantenimiento de taxímetros para el transporte público individual de pasajeros en la Ciudad de México (taxi) con sistema de geolocalización, y para el desarrollo, operación y explotación de una aplicación móvil para solicitar el servicio de taxi de forma remota.

La concesión de Lusad era a 10 años y con opciones de renovación, sin embargo los deseos de terminar con el programa ya se anunciaron durante la campaña electoral por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien tachó la concesión de privada y “corrupta”.

 

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