El tribunal del arbitraje B-Mex y otros contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha emitido un laudo parcial en el que decide que sí tiene competencia sobre las reclamaciones de los demandantes.
México instó el 30 de mayo de 2017 al tribunal a rechazar la demanda de 100 millones de dólares por falta de jurisdicción, invocando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Ahora el tribunal formado por el belga Gaëtan Verhoosel (presidente), el estadounidense Gary Born (designado por el demandante) y el hispano-argentino Raúl E. Vinuesa (designado por el demandado), desestima las propuestas de la demandada, decide que tiene competencia y condena a México a pagar 1.399.362,40$ en concepto de costos legales, en un plazo de sesenta días desde la fecha de este laudo parcial.
Opinión disidente de Vinuesa
Junto al laudo parcial se adjunta una opinión disidente de Raúl E. Vinuesa en la que explica que disiente “parcialmente de la Decisión de la Mayoría” y que en su opinión:
- “El Tribunal debería haber dado lugar a la Objeción de Jurisdicción de la Demandada basada en el Artículo 1121 del Tratado respecto a las Demandantes Adicionales y a Operadora Pesa;
- El Tribunal debería haber dado lugar a la Objeción de Jurisdicción de la Demandada basada en los Artículos 1119 y 1122 (1) respecto a las Demandantes Adicionales y a Operadora Pesa;
- El Tribunal debe hacer lugar a la Objeción de Jurisdicción de la Demandada basada en el Artículo 1117 del Tratado respecto a Operadora Pesa y a las Empresas Juegos, excepto JVE México;
- En consecuencia, el Tribunal tiene jurisdicción sobre los reclamos de las Demandantes Originales en su nombre de conformidad con el Artículo 1116 delTratado y en nombre de las empresas JVE México y E-Games de conformidad con el Artículo 1117 del Tratado.
- Las costas del procedimiento deberán ser sufragadas por las Partes en partes iguales y cada Parte asumirá sus propios costos y gastos incurridos en el procedimiento.”
El arbitraje
El arbitraje fue presentado en agosto de 2016 por un grupo de inversores estadounidenses (B-Mex y otros) que acusaban a México de destruir su negocio de juegos de azar a través de una serie de medidas discriminatorias contra ellos y sus instalaciones que comenzaron a producirse en agosto de 2011, cuando el Estado mexicano incautó bienes valorados en un millon de dólares.
El despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Washington) defiende a los demandantes.
