La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), estatal boliviana, ha ganado el arbitraje presentado ante la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por la compañía india Jindal Steel por el proyecto de explotación del Mutún. El tribunal ha desestimado todas las pretensiones de Jindal (pedía 6 millones USD) y le ha condenado a asumir las costas de Bolivia en el procedimiento.
En julio de 2017, la compañía y ESM firmaron un Contrato de Riesgo Compartido Mutún – RC para explotar el 50% del yacimiento de hierro del Mutún, serranía fronteriza con Brasil, que cuenta con 40.000 millones de toneladas de hierro y 10.000 millones de toneladas de manganeso que lo sitúan entre una de los diez mayores yacimientos de hierro a nivel mundial.
En 2021, se inició el arbitraje ante la CCI en el que Jindal pedía seis millones USD de indemnización por perjuicios sufridos por la ejecución de las boletas de garantía ante la rescisión del contrato, ejecutada por Bolivia, que a su vez denunció incumplimiento de las condiciones necesarias para desarrollar la inversión en el proyecto siderúrgico del Mutún.
El procurador general del Estado César Siles confirmó el 19 de junio, el laudo favorable emitido en el arbitraje (ven declaraciones “Laudo arbitral favorece a Bolivia y le niega indemnización a la empresa Jindal“, Cadena A Red Nacional, 19.06.2024). El laudo rechaza las excepciones planteadas por las partes a la jurisdicción y reconoce su competencia para decidir sobre el fondo del asunto. Y el tribunal declara que la ESM cumplió sus obligaciones contractuales y su “deber de buena fe según el derecho boliviano” y desestima todos los reclamos de Jindal Steel Bolivia en su totalidad declarando que debe asumir pagos indemnizatorios a Bolivia por las costas del proceso del arbitraje que suman más de 2,7 millones USD.
El tribunal descartó también que Bolivia hubiera incumplido cuando decidió resolver el contrato y ejecutar las pólizas de garantía, al no realizarse las inversiones necesarias.
El arbitraje ha sido defendido por la Procuraduría General del Estado y está vinculado con un laudo arbitral anulado en Bolivia que, según Siles: “deja firme la anulación que se hizo vía justicia boliviana”. Entre las dos pretensiones, Jindal reclamaba 100 millones USD.
