El Parlamento Europeo, en un texto aprobado el 13 de septiembre de 2022, ha pedido a la Comisión Europea que introduzca normativa que regule la financiación de los litigios por parte de terceros, el conocido como Third Party Funding, para prevenir abusos en controversias financiadas.
La propuesta para regular la actividad de la Financiación de Terceros en el ámbito de la Unión Europea, apoyada en el “Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la financiación privada de litigios responsable” del ponente Axel Voss, miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, parte, además del vacío normativo, de premisas como considerar que:
- “los financiadores de litigios que participan en procedimientos judiciales actúan en su propio interés económico y no en interés de los demandantes; que pueden tratar de controlar la actuación durante el procedimiento y reclamar un resultado que les reporte el mayor rendimiento en el menor tiempo posible; que es esencial garantizar que las víctimas reciban una compensación adecuada” o que
- “los financiadores de litigios pueden exigir una parte desproporcionada de las cantidades que se reconozcan en el procedimiento, superándose el rendimiento habitual de otros tipos de inversiones.”
Por lo que el órgano europeo presenta una propuesta de directiva con normas comunes mínimas aplicables a los financiadores de litigios: “para apoyar y proteger a los demandantes financiados y a los beneficiarios previstos, incluidos, cuando proceda, aquellos cuyos intereses estén representados por entidades habilitadas, en procedimientos financiados total o parcialmente mediante financiación de litigios por terceros.”
El documento busca dotar de normas mínimas comunes en toda la UE en el financiamiento por parte de terceros y evitar los conflictos de intereses, la litigiosidad abusiva producto de la oportunidad del litigio o la asignación de retribuciones monetarias desproporcionadas a los financiadores.
La respuesta del sector de Financiación de Litigios
La respuesta del sector financiador critica las reformas propuestas como un paso atrás en el acceso a la justicia y en el crecimiento del sector legal (“Law Firms and Funders Criticise Proposed EU Regulations“, Litigation Finance Journal, 19.09.2022).
El aumento del coste de la financiación, la dificultad de las demandas colectivas o el impulso de Reino Unido como centro donde presentar las demandas en contraposición a los países miembros de la UE son algunas de las consecuencias de las que alertan los expertos en el sector (ver “Legal sector hits back at EU calls for regulation of third-party litigation funders“, Business Matters, 15.09.2022).
