El informe “Impactos del sistema de protección de inversiones y arbitraje en Chile. Aportes para el proceso constituyentecritica el arbitraje de inversiones en los acuerdos firmados por Chile, y pide una nueva constitución que frene el acceso de los inversores extranjeros al arbitraje como mecanismo de solución de controversias con el Estado chileno. El nuevo sistema de tribunales de inversiones de la Unión Europea también es criticado y, para las autoras del informe, no implica el cambio solicitado.

El informe publicado por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y el Transnational Institute (TNI) y elaborado por Luciana Ghiotto y Bettina Müller concluye con una serie de recomendaciones entre las que se cuentan: la prohibición del arbitraje de inversiones en la nueva Constitución chilena, la denuncia de todos los tratados de inversión por parte de Chile y revisión de los que incluyen compromisos relacionados o la incorporación de mecanismos vinculantes sobre la negociación de los tratados.

También expone que Chile ha sido el primer país del mundo en recibir una demanda oficial por las medidas para combatir la pandemia Covid19 y es el país con más tratados internacionales que incluyen capítulos de protección de inversiones extranjeras en la región de América Latina y del Caribe.

América Latina y el Caribe, segunda región del mundo más demandada

Según el informe, los países de América Latina y el Caribe han firmado cerca de 700 tratados de comercio e inversiones y la mayoría incluye el arbitraje de inversiones. La región ha recibido 303 demandas de inversores extranjeros, el 27% de todas las demandas del mundo. El 73% de ellas se concentraron en cinco países: Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.

El caso chileno

El informe plantea la posibilidad de terminar los TBIs chilenos, de los que el 90% podrían ser terminados, expone la negociación llevada a cabo en el marco del TPP-11 y explica que: “Estamos en realidad ante tratados que otorgan amplios derechos a los inversores extranjeros, mientras se restringe el espacio para la política pública.”

La renegociación del acuerdo con la UE se centra también en la crítica al nuevo sistema de tribunales de inversiones impulsado por la Comisión Europea. Apoyándose en la afirmación de Nigel Blackaby de que el “ICS no cambia nada porque los estándares sobre la base de los cuales se dictan sentencias permanece igual”, las autoras del informe lo critican por seguir “ofreciendo un amplio abanico de derechos a los inversores” y “sigue dejando la puerta abierta a que las grandes empresas demanden a los Estados ante tribunales de arbitraje, igual que con el actual sistema ISDS.”

Otros epígrafes se centran en los TLC de nueva generación firmados por Chile con países de la región, el Tratado Transpacífico (ya citado com TPP-11), las demandas arbitrales contra Chile, las consecuencias derivadas de la pandemia Covid19 entre las que analizar el caso concreto del retiro adelantado de las rentas vitalicias o la demanda de Nuevo Pudahuel.

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