La rescisión del contrato de Iberdrola en Portugal por riesgos de seguridad en relación al proyecto hidroeléctrico del Alto Tamega puede traer como consecuencia que el conflicto, fruto del contrato de 110 millones de euros que mantiene con Acciona y las portuguesas Mota-Engil y Edivisa, se someta a arbitraje en una corte portuguesa.
El centro del arbitraje que administraría la disputa podría ser el Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (Centro de Arbitragem Comercial), que figura en algunos documentos de trabajo que ha generado Iberdrola como consecuencia de su actividad en Portugal (ver “Iberdrola, Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões. Resposta a Pareceres ao RECAPE. Dezembro 2014-Dezembro 2016. Relatório”).
El completo Tâmega representa una inversión de 1500 millones de euros, que incluye la exploración de la central hidroeléctrica de Gouvães (bombeo), Alto Tâmega y Daivões (turbinación). Para 2023, nueve años después del inicio de las obras, el sistema de electroproductores Tâmega debería estar completamente terminado.
En el centro de este conflicto está la construcción de la presa del Alto Támega cercana a Oporto. La paralización de los trabajos por un derrumbamiento y otros altercados relacionados con la seguridad del proyecto produjeron el inicio del conflicto.
