El inversor alemán Niklas Anzinger, CEO de Vitalia, que se anuncia como una ciudad para acelerar el progreso de las tecnologías de prolongación de la vida con un centro permanente en Roatán en la jurisdicción de la ZEDE Próspera, ha enviado una carta a la Corte Suprema de Honduras, en representación de 144 inversores de 19 países con una inversión en Honduras estimada en 250 millones de dólares, denunciando que el reciente voto del tribunal declarando retroactivamente ilegales las ZEDE “es un enorme perjuicio para el país”.
“La irretroactividad es uno de los primeros principios del derecho. Eludirla es un gran paso hacia el autoritarismo.” Afirma en su cuenta de X Anzinger, argumentando que generan 20 millones de dólares de inversión en el país y dan empleo a 12 hondureños y que su futuro está amenazado.
El empresario envió una misiva, el 22 de octubre de 2024, dirigida a Rebeca Obando, presidenta de la Corte Suprema de Honduras, con el asunto: “Expropiación Ilegal de Inversiones de las ZEDE y Violación del Derecho Internacional” en representación de “una coalición de 144 empresas e inversionistas de 19 países diferentes, que han realizado inversiones sustanciales en Honduras al amparo de la ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”.
En el texto matizan que la promulgación de la ley ZEDE en 2013 garantizaba la “estabilidad jurídica de las zonas económicas especiales ZEDE por un periodo de 50 años a través de tratados internacionales y contratos de estabilidad “.
Los inversores marcan el valor total de sus inversiones en aproximadamente 250 millones de dólares y pronostican que la rentabilidad de sus proyectos depende de las características de las ZEDE y que no pueden desarrollarse en otro régimen como el ordinario de Honduras o el especial ZOLI (Régimen de Zonas Libres en donde pueden establecerse y funcionar empresas comerciales e industriales, nacionales y extranjeras, que se dediquen básicamente a la exportación y actividades conexas o complementarias).
Las ZEDE ilegales
El 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Honduras por mayoría, ocho votos a favor y siete en contra, decidió en contra de la ley ZEDE, que permite ciudades autónomas con gobierno privado, por vulnerar la Constitución de la República de Honduras respecto a la organización del territorio, el sistema de justicia y el régimen económico. La sentencia se aprobó con efecto retroactivo.
A finales de septiembre, según declaraciones de Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera, la primera ZEDE constituida en el país en la isla de Roatán y que ya ha presentado un arbitraje de inversiones, unas diez compañías internacionales estarían preparando demandas de arbitraje internacional contra Honduras tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de 2013.
