Unas diez compañías internacionales estarían preparando demandas de arbitraje internacional contra Honduras tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) aprobada en 2013, según declaraciones de Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera, la primera ZEDE constituida en el país en la isla de Roatán.
Aunque Honduras denunció al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y su salida efectiva del mismo se produjo en agosto de este año, las demanda de arbitraje de las diferentes empresas inversoras en Próspera que opten por este mecanismo para defender sus inversiones valoran otras instancias.
Colindres denuncia que el fallo de la Corte no respeta sus derechos bajo el régimen ZEDE (ver “Preparan nuevas demandas contra el Estado tras fallo de las ZEDE“, Julio Cruz, El Heraldo, 27.10.2024) e informa que Próspera cuenta con 235 empresas y 2.000 empleos, apoyados en los derechos adquiridos por cincuenta años.
El 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Honduras por mayoría, ocho votos a favor y siete en contra, decidió en contra de la Ley ZEDE, que permite ciudades autónomas con gobierno privado, por vulnerar la Constitución de la República de Honduras respecto a la organización del territorio, el sistema de justicia y el régimen económico. La sentencia se aprobó con efecto retroactivo.
Comunicado del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras
El 27 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Honduras (OACNUDH) consideró a través de un comunicado la declaración de inconstitucionalidad de las ZEDE “acorde a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos de toda su población, sin discriminación alguna.”
El organismo aclara en el documento que “la posibilidad de que entidades privadas establecieran sus propios sistemas administrativos, judiciales, tributarios y de seguridad en territorio hondureño” implica que el Estado ceda competencias relacionadas con las condiciones de igualdad. Hacen referencia también a la falta de consulta, expropiaciones forzosas, privatización de salud, educación o seguridad social y carga finalmente contra el sistema de arbitraje inversor-Estado y los Acuerdos Internacionales de Inversión por reconocer derechos sin exigir responsabilidad o acceso preferente al sistema de arbitraje de inversiones (ver “OACNUDH considera que la declaratoria de inconstitucionalidad de las ZEDE es acorde con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos“, OACNUDH, X, 27.09.2024 ).
