El Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) inició el 12 de noviembre la consulta al Pueblo Indígena Maya Q’eqchi’ situado en las áreas de influencia del proyecto Extracción Minera Fénix de El Estor (Izabal) y Panzós (Alta Verapaz). Otros proyectos como Progreso VII o Escobal también están en proceso. El objetivo: resolver los conflictos mineros para trasladar seguridad a las grandes compañías extranjeras.

La información solicitada por los Concejos Municipales, Consejos Comunitarios de Desarrollo y Consejos de Comunidades Mayas Q’ eqchi’ de ambos municipios, fue presentada por las instituciones cuya competencia tiene a cargo la información.

Trasladar seguridad hacia las mineras inversoras

En marzo de este año Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas de Guatemala, trasladaba a la prensa que la imagen que se percibe en el exterior por las grandes mineras inversoras en suelo guatemalteco es la culpable de la caída experimentada por el sector minero de cantera en el país, que ha reducido su representación en el PIB nacional del 2% entre 2013 y 2014 a menos de un 0,5% en la actualidad. El titular del Ministerio planteaba cómo el cierre de tres minas en el país suspendidas por instrucciones de los tribunales: la mina de plata Escobal; la mina de níquel Fénix y la mina de oro el Progreso VII, respectivamente en manos de Pan American Silver, Solway Investment Group y Kappes, Cassiday y asociados, arroja al exterior una imagen de riesgo de inversión a las grandes compañías extranjeras.

Progreso VII

El 28 de agosto de 2014 se interpuso una Acción Constitucional de Amparo en la Corte Suprema de Justicia por parte del Centro de Atención Legal y Ambiental y Social de Guatemala –CALAS-, cuyo acto reclamado es el otorgamiento de la licencia de explotación minera denominada “Progreso VII Derivada” sin haber realizado el procedimiento de consulta de las comunidades indígenas afectadas según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicha licencia se emitió a favor de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A., mediante la resolución 3394 de fecha 30 de septiembre de 2011 dentro del expediente LEXT-054-08.

El Amparo Provisional se concedió en resolución de fecha 11 de noviembre del 2015 y dejó en suspenso la resolución del MEM que otorgaba la licencia de explotación minera.

En este proyecto se lleva también el proceso de consulta al pueblo indígena maya kaqchikel, situado en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala. Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Escobal

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) retomó el diálogo con el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala (PAPXIGUA) en febrero de 2020 y se acordó reiniciar las acciones para llevar a cabo la Consulta al Pueblo Indígena Xinka, tal y como lo ordenara la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de fecha 3 de septiembre de 2018, expediente 4785-2017.

La primera reunión preparatoria se llevó a cabo el 14 de octubre de 2020 bajo los principios de buena fe, respeto mutuo y transparencia, en esa ocasión, las autoridades del MEM en conjunto con las autoridades del Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala, llegaron a varios acuerdos.

La segunda reunión preparatoria tuvo lugar el 12 de diciembre de 2020, con la participación de autoridades del MEM y representantes del PAPXIGUA, encuentro durante el cual se acordó iniciar con el proceso de pre consulta.

La primera reunión de pre consulta se realizó el 21 de mayo de 2021, en la sede del Parlamento en Cuilapa, Santa Rosa, luego de haber sido aplazada casi un mes debido a la emergencia del COVID-19 en Guatemala.

En dicha reunión se alcanzaron varios acuerdos: efectuar el estudio de impacto cultural y espiritual que fue acordado de manera previa en la reunión del 6 de diciembre de 2020, a cargo de un equipo multidisciplinario y, en la segunda reunión efectuada el 20 de junio de 2021, se dio por aceptado el equipo y metodología propuesto para la realización de dicho estudio, así como efectuar algunos ajustes y complementos en el plan de trabajo. Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El sector minero y los arbitrajes de inversiones en América Latina

Guatemala es uno más a quien su sector minero ha llevado a tribunales internacionales. Los gobiernos en América Latina tienen ante sí un gran problema, común a todos estos casos, y que enfrenta los grandes beneficios de la minería a la defensa de derechos humanos y medioambientales (el propio caso de El Tambor en Guatemala o otros como:“Occidental Petroleum vs. Ecuador“, “Crystallex vs. Venezuela“; “Zamin Ferrous vs. Uruguay“; y “Odyssey Marine vs. México“).

Un ejemplo que ilustra una parte de la situación vivida en el sector minero latinoamericano es el informe publicado en 2019 “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblso y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional“, realizado por Jen Moore y Manuel Pérez Rocha y editado por Mining Watch, Institute for Policy Studies y Center for International Environmental Law-CIEL. El documento analizó 38 demandas de arbitraje de inversiones en el sector extractivo, principalmente minero, en países de América Latina y el Caribe destacando datos como:

  • las numerosas demandas de mineras canadienses,
  • el papel de la financiación de terceros, y
  • las implicaciones que toda la situación tiene para las comunidades locales y el medio ambiente.

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