Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Un tribunal sueco ha anulado un laudo de 48 millones de euros contra España y a favor de un grupo de inversores en renovables de Luxemburgo, Italia y Dinamarca. El laudo se dictó en 2018 por un tribunal constituido bajo administración del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC).La Corte de Apelaciones de Svea concluye que confirmarlo sería “manifiestamente incompatible con el orden público del ordenamiento jurídico sueco.”

Los inversores implicados contra España son la propia Foresight, GWM Renewable Energy y Greentech Energy (actualmente Athena) que presentaron el arbitraje en 2015 invocando el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y reclamando más de 58 millones de euros más intereses. Entre 2009 y 2010, las demandantes adquirieron empresas españolas que operaban tres instalaciones solares fotovoltaicas.

Entre otros, el tribunal sueco hace referencia a las sentencias Achmea y Komstroy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictaminó que el artículo 26 del TCE debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los litigios entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro en relación con una inversión realizada por el inversor en el primer Estado miembro.

También se alude a la decisión posterior PL Holdings, en la que el TJUE aclaró que la cuestión de si la competencia de un órgano de arbitraje es válida en los casos en cuestión no puede depender del comportamiento de las partes en el litigio y que las cláusulas de arbitraje basadas en acuerdos internacionales de protección de inversiones entre Estados miembros son contrarias a algunos de los principios más fundamentales del Derecho de la UE recogidos en los Tratados de la UE, como los principios de confianza mutua entre Estados miembros, cooperación leal y autonomía del Derecho de la UE.

Y hace referencia a que un laudo de este tipo entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro, dictado sobre la base de una cláusula compromisoria contenida en un tratado internacional de inversión, puede considerarse dictado ilegalmente, ya que es incompatible con las normas y principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico en la Unión Europea y, por tanto, también en Suecia. Concluyendo que el laudo en cuestión se dictó en un litigio de inversión entre un Estado miembro e inversores de otros Estados miembros sobre la base del artículo 26 del TCE, por lo que confirmarlo sería “manifiestamente incompatible con el orden público del ordenamiento jurídico sueco.” Y existen motivos para anular el laudo en virtud de la Ley de Arbitraje sueca por lo que no hay razón para examinar otros motivos de anulación e impugnación.

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