El pasado 23 de mayo, España presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) una solicitud de anulación del procedimiento de arbitraje Antin contra España.
El fondo Antin que presentó la demanda a finales del año 2013, invocando el Tratado de la Carta de la Energía reclamaba 218 millones de euros, que el tribunal finalmente redujo a 112 millones en un laudo emitido el 15 de junio de 2018. La solicitud de rectificación por parte de España no se hizo esperar y ese mismo mes, el 25 de junio presentó el procedimiento -el segundo de estas características presentado por el país, el primero se produjo ante el arbitraje Eiser- que culminó el pasado 29 de enero.
Antin tampoco esperó para buscar la ejecución del laudo que le favorecía en tribunales estadounidenses, haciéndolo el 27 de julio de 2018.
El arbitraje Antin v. España
Las reclamaciones de Antin, personalizadas en la luxemburguesa Antin Infrastructue Services Luxembourg y en la holandesa Antin Energia Termosolar, se produjeron tras las diversas reformas energéticas emprendidas por el Gobierno español y que afectaron al sector de las energías renovables, incluido un impuesto del 7% sobre los ingresos de los generadores de energía y una reducción de los subsidios para los productores de energía renovable.
El tribunal del arbitraje lo formaron el colombiano Eduardo Zuleta (presidente), el chileno Francisco Orrego Vicuña (designado por las demandantes) y el canadiense J. Christopher Thomas, designado por España.
La defensa de las demandantes la llevaron las oficinas en Londres de Allen & Overy y Jeffrey Sullivan, mientras que la de España la Abogacía General del Estado. Tanto en el procedimiento de rectificación como en el de anulación, los demandantes han buscado la representación de Gibson, Dunn & Crutcher, London, U.K..
