El Gobierno de España ha contratado a la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP para ejercer su defensa en el caso de la compañía británica Infrared, que el 10 de junio de 2022 recibió una decisión favorable en un procedimiento de anulación presentado por España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El laudo contemplaba una indemnización a favor de la energética de 28,2 millones de euros (la demanda de la compañía ascendía a 92 millones de euros).
El tribunal CIADI desestimó la solicitud de anulación de España, presentada en 2019, en su totalidad y la condenó a asumir el 50% de los honorarios de los abogados de Infrared, así como todas las costas del procedimiento. En la actualidad, Infrared tiene un procedimiento abierto contra España ante un tribunal estadounidense.
Según información en prensa española, el Gobierno español ha contratado a Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP por alrededor de 1,7 millones de euros para afrontar la lucha en el litigio con Infrared (“El Gobierno contrata a un gran bufete de NY por 1,7 millones para tratar de no perder bienes en el extranjero por los arbitrajes contra el recorte a las renovables“, Ramón Roca, El Periódico de la Energía, 21.04.2023).
Esta firma inglesa representa a España en el caso Eiser, cuyo laudo, de 128 millones de euros, fue anulado por unanimidad ya que el árbitro designado por los inversores: Stanimir A. Alexandrov, tenía un conflicto de interés. Ha sido la primera vez que un laudo de CIADI se anula por la constitución incorrecta de su tribunal arbitral, de los 7 laudos anulados por completo y registrados en la historia de esta institución.
El procedimiento de Eiser sigue abierto en CIADI a la espera de la decisión de un tribunal en una solicitud de reenvío.
El arbitraje de Infrared
El 2 de agosto de 2019, el tribunal formado bajo administración CIADI, por el canadiense Stephen L. Drymer (presidente), el suizo y estadounidense William W. PARK (designado por la demandante) y el francés Pierre-Marie Dupuy (designado por la demandada), condenó a España a indemnizar a InfraRed junto a un grupo de inversores británicos en energías renovables por 28,2 millones de euros (la demanda de la compañía con sede en Reino Unido ascendía a 92 millones de euros). Los demandantes invocaron el incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía, como consecuencia del daño a su inversión de las reformas energéticas impulsadas por el Gobierno español entre 2010 y 2014.
InfraRed Environmental Infrastructure GP Limited es propiedad del fondo de inversión británico InfraRed Capital Partners e invirtió en dos proyectos termosolares en Morón de la Frontera (Sevilla) y Olivenza (Badajoz), en 2011.