Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Los pasados 23 y 24 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, dio a conocer la composición de los arbitrajes de las compañías Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxemburgo -en este caso procedimiento de anulación-; e Infracapital contra España.

En el arbitraje de Eiser y Energía Solar Luxemburgo se trata del tribunal constituido en el procedimiento de anulación instado por el Gobierno español el 28 de julio. España alega que uno de los árbitros, el búlgaro Stanimir Alexandrov, no divulgó un supuesto conflicto de intereses. Alexandrov, designado por el demandante, también forma parte del tribunal del arbitraje presentado por la alemana SolEs Badajoz contra España en agosto de 2015, como árbitro designado por la energética alemana.

El tribunal del procedimiento de anulación lo forman el mexicano Ricardo Ramírez Hernández (presidente), la china Teresa Cheng y el francés Dominique Hascher.

España es representada la Abogacía General del Estado apoyada por el despacho Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP.

Los demandantes cuentan con el despacho Gibson, Dunn & Crutcher.

Arbitraje Infracapital contra España

La luxemburguesa Infracapital S1 y la holandesa Infracapital Solar interpusieron la demanda de arbitraje contra España ante Ciadi invocando -al igual que Eiser- el Tratado de la Carta de la Energía el 29 de junio de 2016.

El tribunal constituido el 24 de octubre está formado por el brasileño José Emilio Nunes Pinto (presidente), por el británico Peter D. Cameron (designado por los demandantes) y el mexicano Luis González García (designado por España).

España está representada por la Abogacía General del Estado, mientras que Infracapital cuenta con el despacho Allen & Overy.

Alrededor de 40 arbitrajes contra España

España es parte en alrededor de 40 arbitrajes, instados por inversores extranjeros, consecuencia de los cambios normativos relacionados con las energías renovables tomados por el Gobierno en 2010 y en 2013. La cuantía reclamada se cifra en más de 7.000 millones de euros.

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