Las dudas sobre la continuidad del proyecto Cobre Panamá, liderado por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum avivan las previsiones del posible recurso al arbitraje internacional por parte de ésta. El Congreso panameño aprobó el 3 de noviembre de 2023 una moratoria sobre las concesiones a la minería metálica presionado por las fuertes protestas en la calle contra el contrato por la mina Cobre Panamá. La nueva normativa podría suponer más demandas de arbitraje contra el Estado panameño.
Tras la celebración por parte de la Asamblea Nacional de Panamá de sesiones ordinarias y extraordinarias en relación con el Proyecto de Ley de consulta popular sobre la Ley 406, de 20 de octubre de 2023, por la que la Asamblea Nacional aprobó el contrato revisado para la mina Cobre Panamá acordado entre Minera Panamá S.A., MPSA, (filial de First Quantum) y el Gobierno de Panamá, la minera First Quantum hizo un comunicado de prensa el 3 de noviembre de 2023. En el documento se reserva todos los derechos legales tanto de ella como de su filial en Panamá e internacionalmente.
En el comunicado, First Quantum explica que: “La producción en la mina Cobre Panamá permanece ininterrumpida en este momento, sin embargo, al igual que muchos negocios en todo Panamá, las protestas, incluyendo bloqueos de carreteras clave, han causado interrupciones en el sitio, así como la escasez de ciertos suministros.”
First Quantum señala que se han presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia varias demandas impugnando la constitucionalidad de la Ley 406, y al menos cuatro han sido admitidas. La minera: “está confiada con respecto a su posición legal y la de MPSA, con respecto a todos los asuntos y desarrollos aquí referidos y se reserva todos sus derechos y los de MPSA en Panamá e internacionalmente.”
El Congreso panameño ha dejado en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión de declarar la constitucionalidad o no del contrato firmado con First Quantum Minerals. Si el cierre de la mina se produce, el Gobierno de Laurentino Cortizo es consciente de que el recurso al arbitraje internacional estará abierto y la reclamación de la minera podría ascender a 50.000 millones de dólares, según ha confirmado también la la Cámara Minera de Panamá (Camipa).
Otros posibles arbitrajes contra Panamá
Otros reclamos podrían abrirse también contra el país ya que otras mineras como Cerro Quema, tras la prohibición de renovación de contratos mineros decretada, Ley 407 de 3 de noviembre de 2023, podrían optar también por demandar a Panamá.
Según el comunicado de Camipa, esta ley: “[…] le da derecho a la empresa Minera Cerro Quema SA a demandar el país, ya que es titular de una concesión de explotación cuya prórroga actualmente espera refrendo de contraloría. Conocemos que esta ha invertido unos $200 millones y se estima un valor presente del yacimiento de oro de $233 millones. Este caso tiene la misma motivación del de Dominion Mineral VS Panama, que ya ha sido fallado en contra del país.”
