La compañía petrolera Perenco ha llegado a un acuerdo con Ecuador en las negociaciones por el pago del laudo de 435 millones de dólares en el marco de la larga disputa sobre la asignación de los beneficios de dos contratos de participación, que datan de 2002, a raíz de la adopción de legislación, por parte de Ecuador, que modificó la participación que Perenco recibía en virtud de varios Contratos de Hidrocarburos en la Región Amazónica Ecuatoriana.

Un juzgado estadounidense ha aprobado la solicitud de Perenco para ejecutar el laudo contra Ecuador, después de que las partes lleguen a un acuerdo sobre el importe de los intereses adeudados tras la decisión del tribunal constituido con motivo del procedimiento de anulación abierto por Ecuador en este arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El comité ad hoc, formado por Eduardo Zuleta, Mónica Pinto y Rolf Knieper (secretaria: Verónica Lavista), resolvió, a finales de mayo acogiendo, según la Procuraduría General de Ecuador: “algunas de las causales de anulación alegadas por el Ecuador y reduce a USD 435.182.000,00 el monto de la indemnización (incluidos los gastos legales), que debe pagar el Estado a Perenco por incumplimientos de las obligaciones emanadas de los Contratos de Participación y del Tratado Bilateral de Inversiones Ecuador-Francia”.

En septiembre de 2019, Ecuador fue condenado al pago de USD471.820.400,00, cantidad a la que se deberían restar los pagos de Perenco a Ecuador de USD54.439.517,00, como indemnización por daños ambientales causados, y USD 6.369.328,75, correspondientes a costos y gastos arbitrales.

Por lo que, según la Procuraduría, la cifra que Ecuador debe pagar a Perenco es de USD 374.373.154,25.

El arbitraje Perenco-Ecuador
En abril de 2008, Perenco demandó a Ecuador por USD 1.423 millones por los perjuicios fruto de la adopción de nueva legislación en 2006 y 2007, que estableció la participación del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos.

La diferencia entre las partes versaba sobre dos contratos de participación que datan de 2002 a raíz de la adopción de la Ley 42 y el Decreto 662 por parte de Ecuador que modificaron la participación que Perenco recibía en virtud de los Contratos para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 21 de la Región Amazónica Ecuatoriana y  la modificación del Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Bloque 7 de la Región Amazónica, incluyendo el Contrato del Campo Unificado Coca-Payamino.

En el laudo se reconoce una indemnización a la compañía de 471 millones de dólares, mientras que la reclamación medioambiental hecha por Ecuador obtuvo más de 54 millones. Los costos del procedimiento deben ser resarcidos por ambas partes por igual.

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