El consorcio de empresas conformado por Omega Construcciones Industriales, Sinohydro Costa Rica, Desarrollo y Construcciones Urbanas y Caabsa Infraestructura buscan la ejecución en un tribunal estadounidense del laudo del arbitraje mantenido con la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) que asciende a cerca de 226 millones de dólares, incluido intereses.
La obra de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II fue adjudicada en 2015, y en el tercer trimestre de 2016 las adjudicatarias iniciaron el arbitraje, ante un tribunal internacional con sede en Londres, contra CFE por fuerza mayor. Las operaciones para la construcción de la hidroeléctrica no se podían llevar a cabo por no poder acceder a la zona debido a presiones de grupos políticos.
La pasada semana, la CFE vio como un juzgado mexicano rechazó su solicitud en la que solicitaba medidas cautelares para que las constructoras no acudieran a tribunales para ejecutar el laudo en su contra.
El grupo de constructoras ha acudido a un tribunal federal de Nueva York para que el laudo sea confirmado en virtud de la Ley Federal de Arbitraje y la Convención de Nueva York.
El arbitraje de Chicoasén
El resultado del arbitraje se conoció a principios de este mes de julio de 2020 y la CFE explicaba que: “el resultado adverso se basó esencialmente en el argumento de que, a juicio del tribunal arbitral, CFE no garantizó el acceso al sitio de la obra, la cual fue tomada por grupos políticos de la zona. Lo que evidentemente de ninguna manera constituía una obligación a cargo de esta Empresa Productiva del Estado“.
Desde los inicios del proyecto se desarrollaron los conflictos y las protestas sociales en un enclave de naturaleza imponente en el área de Chiapas con un interés turístico especial. Protestas por contaminación, por desacuerdo en los pagos, por la inundación de tierras que afectaría a pueblos indígenas zoques, incluso huelgas de hambre de ancianos. Unido todo ello a la disconformidad de los sindicatos locales en contrataciones, que provocaron el cierre de los accesos y obligaron a la CFE a anunciar el cierre temporal de la obra en 2016 y a interponer denuncias penales en contra de los grupos que mantenían cerrados los accesos.
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