El comité de anulación del arbitraje Cementos La Únión contra Egipto ha sido formado bajo administración del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Los árbitros designados son la argentina Mónica Pinto (presidenta), la neozelandesa Wendy J. Miles y la finlandesa Carita Wallgren-Lindhom. Se trata del primer comité ad hoc formado completamente por mujeres.

Las compañías españolas Cementos La Unión y Áridos Játiva presentaron la solicitud de anulación parcial del laudo – en el que no se les concedió ni un solo euro de los 240 millones reclamados en una disputa por el sistema de concesión de licencias de explotación de una planta cementera – ante la Secretaría General del CIADI a principios de este mes de marzo.

El comité de anulación lo forman:

Mónica Pinto que cuenta con experiencia en otros siete procedimientos CIADI: dos arbitrajes como coárbitro (JGC Holdings v España e IBT Group v Panamá); y cinco como miembro de comités de anulación (ej. Perenco v Ecuador; Dan Cake v Hungría; Italba v Uruguay).

Wendy J. Miles ha participado en otros cuatro procedimientos CIADI: tres arbitrajes y una anulación (Hydro Energy v España).

Carita Wallgren-Lindhom ha participado en otros seis procedimientos CIADI: un arbitraje y cinco anulaciones (ej. Tethyan Copper v Pakistán, Masdar Solar v España o Stadwerke München GmbH v España).

El tribunal original de este arbitraje lo formaron el sueco Christer Söderlund, presidente, el estadounidense Charles N. Brower, designado por el demandante, y el anglo-francés Philippe Sands, designado por Egipto. Al laudo final se adjuntó opinión disidente de Brower.

Arbitraje Cementos La Unión, Áridos Játiva v. Egipto

El conflicto se remonta a 2007 cuando tras la finalización de la fábrica de cementos, el gobierno egipcio publicó una ley retroactiva que obligaba a la española a pagar millones en impuestos.

Cementos La Unión, junto a Aridos Játiva, reclamaba cerca de 240 millones de euros y el tribunal, aunque le dio la razón al grupo español en cuanto al incumplimiento por parte de Egipto del Tratado Bilateral de Inversiones Egipto-España de 1992, no concedió ninguna indemnización por daños.

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