La compañía minera británica South32 SA Investments Limited inició el arbitraje de inversiones contra Colombia en marzo de 2020 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La minera reclamaba alrededor de 94 millones USD, el tribunal le ha concedido nueve millones y medio.
El conflicto que se inició con una investigación de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la República de Colombia, por una supuesta falta de pago de regalías durante el periodo 1982 a 2012, en relación con dos contratos de concesión finalizados en el año 2012 en la explotación de Cerro Matoso, ha finalizado con un laudo en el que el tribunal confirma que el cálculo del monto adeudado fue irregular (ver “Miner Wins $9.6M In Royalty Fight With Colombia“, Caroline Simson, Law360, 24.06.2024).
Colombia inició la investigación sobre las regalías impagadas en 2020 y pretendía recuperar 181 millones y medio USD argumentando que la minera australiana aplicó descuentos incorrectos. South32 argumentó que el cálculo del interventor no se basaba en la fórmula contractual (“Colombia looks to recover $181.5 million in alleged unpaid royalties from South32“, Reuters, 19.02.2020).
El tribunal del arbitraje, formado por Deva Villanúa Gómez (presidenta), Guido Santiago Tawil y Andrés Jana Linetzky emitió un laudo, con opinión discrepante de Jana Linetzky, a pagar 9,5 millones USD.
South32 denunció que la investigación atentaba contra la “seguridad jurídica” que protege la inversión extranjera en Colombia y que “carece de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca” (comunicado fechado el 19 de febrero de 2020).
Sanción a Cerro Matoso en abril
La Contraloría General de la República de Colombia sancionó a Cerro Matoso por faltar al pago de regalías entre los años 1982 y 2012. En un comunicado la minera denunció que esta acción “atenta contra la seguridad jurídica”.
La empresa informaba de que: “El mayor valor que pretende cobrar ahora la Contraloría a la empresa está atado a un cambio en el porcentaje de la regalía (del 8% al 12%) que supuestamente no habría pagado la Compañía durante los años de 2005 a 2012. Sin embargo, de acuerdo con la ley 141 de 1994, el 12% solo es aplicable a contratos nuevos o extensiones de contratos que se hubieren celebrado a partir de la expedición de dicha Ley, caso que no aplicó para el contrato 1727, ya que nunca se prorrogó, y solo aplicó al contrato 866 a partir de su prórroga en el año 2007.”
La minera acusa a la Contraloría de afectar su reputación “injustificadamente.” Defiende Cerro Matoso que en 2023 “pagó más de $486 mil millones de pesos en regalías y en 42 años de operación ha aportado al país una cifra superior a los $3,6 billones de pesos en esta materia.”
