La compañía española Cobra, propietaria de la concesionaria Angostura-Siguas, ha presentado un arbitraje de inversiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) contra Perú, relacionado con el contrato de concesión del proyecto de irrigación Majes Siguas II. Un proyecto enconado desde hace meses tras las denuncias del Grupo Cobra por no conseguir respaldo ni garantías del Estado peruano para la financiación, después de sucesivos incumplimientos en los plazos y tras un arbitraje abierto en Lima en el que el tribunal se declaró sin jurisdicción.
El recurso por parte de la española Cobra al arbitraje de inversiones se anunció hace meses tras la deriva del proyecto de irrigación Majes-Siguas, de regulación y derivación de recursos hídricos en la provincia de Arequipa, que gestiona la concesionaria Angostura-Siguas, formada por Cobra Instalaciones y Servicios SA, Cobra Infraestructuras Hidráulicas SA y Cobra Perú SA.
En mayo de este año, el Consejo Regional de Arequipa (CRA) confirmó que la española iniciaría el arbitraje de inversiones que ha registrado la Secretaría del CIADI el pasado 16 de octubre de 2024.
La concesionaria Angostura-Siguas invoca el incumplimiento del contrato bajo Reglamento de Arbitraje de la Convención CIADI.
Algo más sobre el conflicto
El 1 de octubre de 2021 la concesionaria informó a Perú y al Gobierno Regional de Arequipa que se retiraría del proyecto Majes-Siguas tras no conseguir respaldo ni garantías del Estado peruano para la financiación y debido a sucesivos incumplimientos de plazos. Cobra pedía la caducidad del contrato.
El primer plazo para firmar una adenda de incremento de presupuesto al contrato del proyecto y evitar el recurso al arbitraje finalizó el 30 de octubre de 2021. Sin embargo, el plazo concedido por la empresa se fue incrementando.
El 29 de agosto de 2023 el Gobierno Regional de Arequipa anunció la apertura de un procedimiento contra Angostura Siguas, ante el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La empresa Cobra se opuso a que este arbitraje se abriera en la CCL porque argumentaba que la instancia para dirimir esta controversia debía ser internacional, es decir, un arbitraje de inversiones.
La decisión de seguir con la apertura del procedimiento ante el centro de arbitraje de la CCL fue tomada por sus consejeros Lilian Rocca, Huáscar Ezcurra y Madeleine Osterling, con la abstención de Luis Bustamante, presidente del Consejo.
Finalmente, en julio de 2024, el tribunal del arbitraje designado se declaró sin jurisdicción para decidir sobre la controversia entre las partes y condenó al Gobierno Regional de Arequipa a asumir las costas del procedimiento afrontadas por la concesionaria para su defensa. Trascendió que el monto reclamado por la española asciende a 1.400 millones de dólares.
