Telefónica contempla la emisión del laudo del arbitraje de inversiones contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) para el próximo mes de febrero de 2025, según fuentes de prensa. La compañía de telecomunicaciones demanda al Estado 1.122 millones de euros por una reclamación de impuestos. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) denunció en 2021 el impago por parte de Telefónica de “ingentes montos de impuestos”.
Telefónica presentó el arbitraje de inversiones en CIADI contra Perú en marzo de 2021, invocando el incumplimiento del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Perú por reclamación de impuestos, y acusa a la SUNAT de actuaciones arbitrarias y discriminatorias en un conflicto que nos retrotrae a 1998, 2000 y 2001 y en el que el 90% del monto en disputa correspondería a intereses.
En abril de este año, Telefónica del Perú comunicó que procedería al pago de 1.361 millones de soles a la SUNAT tras finalizar la controversia fiscal de más de 20 años y tras una resolución de la Corte Suprema. Sin embargo, la compañía cuestionaba “la aplicación indebida de interés moratorios fuera de los plazos establecidos por la ley y que habían dado lugar a que el 80% del monto en controversia estuviera compuesto de intereses y multas.” En este comunicado, Telefónica del Perú, afirmaba que aunque el Tribunal Constitucional había reconocido “los argumentos de la compañía respecto al cómputo de los intereses, lamentablemente el Poder Judicial en última instancia validó alguno de los reparos hechos por la administración tributaria. Por ello, aun cuando Telefónica del Perú está en total desacuerdo con lo resuelto por el Poder Judicial, en respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica procederá a efectivizar el pago bajo protesto.”
El monto reclamado por la tecnológica sumaría 1.122 millones €, según información publicada por El Economista en pasados días (ver “Telefónica reclama a Perú hasta 1.122 millones por daños y perjuicios fiscales“, Antonio Lorenzo, 16.10.2024).
En junio de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF) autorizó la difusión de información sobre empresas vinculadas al arbitraje. El MEF publicó un “Decreto Supremo” que habilitaba a la SUNAT y al Tribunal Fiscal para otorgar información relativa a las empresas Telefónica Móviles S.A.C., Media Networks Latín América S.A.C., Telmex Peru S.A., Tecsur S.A., Duke Energy International – Egenor S.A. (Orazul) para la defensa en el arbitraje ante el CIADI.
El documento especificaba que: “para una adecuada defensa de los intereses del Estado Peruano en el referido proceso arbitral, resulta necesario solicitar a cualquier instancia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT y del Tribunal Fiscal, toda información relacionada a los argumentos planteados por Telefónica S.A que sea relevante para el arbitraje iniciado en contra del Estado Peruano.”
En octubre de 2023, el Programa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (Pronatel) informó de la emisión de un laudo favorable -en un arbitraje administrado en la Cámara de Comercio de Lima- para la recaudación del Aporte al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL). Telefónica recurrió que el cobro se hiciera a través de Pronatel. El tribunal concluyó declarar: “infundados los cuestionamientos contra el cobro del Aporte por el Derecho Especial destinado al FITEL, respecto de los ingresos por cargos de interconexión (servicio de terminación de llamada), el roaming internacional y los intereses moratorios de los pagos a cuenta de este aporte.”
El tribunal del procedimiento lo forman Luca G. Radicati Di Brozolo (presidente designado por la Secretaría General), Henri C. Álvarez (coárbitro designado por el demandante) y Attila Massimiliano Tanzi que sustituyo a Hugo Perezcano Díaz tras su renuncia, el 16 de julio de 2024.
