La compañía Clorox España ha pedido la ejecución de un laudo de más de 100 millones de dólares contra Venezuela dictado en agosto de 2023 por un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) por una reclamación de 185 millones de dólares por las las medidas tomadas por el Gobierno venezolano que obligaron a Clorox a interrumpir sus operaciones en el país, ante la expropiación de instalaciones de producción y de oficinas, después de que la compañía española hubiera anunciado sus planes de salir de Venezuela y vender sus activos.
Clorox Spain SL presentó la solicitud de anulación el 16 de julio de 2024 ante un tribunal federal estadounidense (District Of Columbia District Court). La española está siendo representada por Gibson, Dunn & Crutcher, LLP.
El 22 de septiembre de 2014, Clorox Venezuela suspendió sus operaciones en el país como resultado de las medidas adoptadas por el Gobierno de Venezuela. Clorox España inició de inmediato un proceso de venta para facilitar una transición rápida de los activos a un nuevo propietario. Sin embargo, el gobierno de Maduro se hizo cargo de las instalaciones de producción y de las oficinas de Clorox Venezuela.
Clorox España y Clorox Venezuela enfrentaron dificultades para obtener una transacción aceptable para sus activos, dada la falta de certeza de que un comprador pudiera tomar posesión de los activos.
El pasado mes de mayo, un tribunal suizo confirmó el laudo, dictado por un tribunal de la CPA, formado: Yves Derains, presidente, y Bernard Hanotiau y Raúl Emilio Vinuesa, en agosto de 2023 en el que condenaba a Venezuela al pago de más de 100 millones de dólares. Venezuela interpuso un recurso contra el laudo ante un tribunal suizo que, finalmente, confirmó el laudo.
