Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Un tribunal suizo ha confirmado el laudo, dictado por un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), en agosto de 2023, en el arbitraje entre la compañía española Clorox y Venezuela que tendrá que afrontar el pago de más de 100 millones de dólares en compensación por las medidas de control de precios.

En agosto de 2023, el tribunal del arbitraje de inversiones entre Clorox y España emitió el laudo final en el que condenaba a Venezuela al pago de más de 100 millones de dólares en la disputa mantenida con la compañía, y después de que un tribunal suizo anulara un laudo anterior de mayo de 2019 y lo devolviera al tribunal arbitral para que considerara una nueva decisión.

El Tribunal, bajo Reglas Uncitral, lo han formado: Yves Derains, presidente, y Bernard Hanotiau y Raúl Emilio Vinuesa, árbitros designados por demandante y demandado respectivamente.

Tras el laudo de agosto de 2023, Venezuela interpuso un recurso ante un tribunal suizo que, finalmente, ha confirmado el laudo (consultar la decisión del Tribunal Federal de 26 de abril de 2024. Fuente: Jus Mundi).

Según la decisión de la corte suiza, Venezuela denunciaba que el tribunal arbitral adoptó una “decisión infundada y arbitraria que contradice los hechos del caso”, y el tribunal suizo critica que solo se limite “a realizar críticas de apelación al laudo, presentando su propia versión de los hechos y sustituyendo la valoración personal de diversas pruebas a la del Tribunal Arbitral.”

La corte explica que Venezuela pretende, en vano, únicamente repetir el procedimiento ante el Tribunal de Apelación y es inadmisible que pretenda “arrastrar al Tribunal Federal al ámbito de la aplicación del derecho material e incitarle indirectamente a pronunciarse sobre los razonamientos jurídicos adoptados por los árbitros.”

El origen del conflicto

La reclamación, que ascendía a 185 millones de dólares, surgió de las medidas tomadas por el Gobierno venezolano que obligaron a Clorox a interrumpir sus operaciones en el país, ante la expropiación de instalaciones de producción y oficinas, después de que la compañía española hubiera anunciado sus planes de salir de Venezuela y vender sus activos.

El 6 de noviembre de 2014 Clorox informó de cómo el gobierno venezolano publicó una resolución en esas fechas que le otorgaba a la Junta Administrativa Especial la autoridad para reiniciar y operar el negocio de Corporación Clorox de Venezuela SA (Clorox Venezuela), reafirmando así la expropiación de sus activos en Venezuela. Asimismo, durante esa semana, el presidente Nicolás Maduro anunció la intención del gobierno de facilitar la reanudación de la producción de cloro y otros productos de limpieza en las plantas de Clorox Venezuela y de operar el negocio tan pronto como fuera posible y aprobar un crédito financiero para invertir en materias primas y producción en las plantas. Estas acciones del gobierno venezolano se tomaron sin el consentimiento o la participación de Clorox.

El 22 de septiembre de 2014, Clorox Venezuela suspendió sus operaciones después de determinar que no era un negocio viable como resultado de las medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela. Clorox España inició de inmediato un proceso de venta para facilitar una transición rápida de los activos a un nuevo propietario. Según el comunicado de Clorox de noviembre de 2014, el gobierno de Maduro se hizo cargo de las instalaciones de producción y de las oficinas de Clorox Venezuela. Debido a ello, Clorox España y Clorox Venezuela enfrentaron dificultades para obtener una transacción aceptable para los activos de Clorox Venezuela, dada la falta de certeza de que un comprador podría tomar posesión de los activos. Para Clorox: a través de sus acciones, el gobierno venezolano excluyó la posibilidad de una venta de activos, y frustró los esfuerzos de Clorox España para mitigar los efectos adversos de las medidas gubernamentales adoptadas.

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