Berkeley Exploration Limited, compañía inglesa propietaria de Berkeley Minera España, ha informado en un comunicado a la prenda que ha iniciado el arbitraje de inversiones por la mina de uranio de Retortillo (en Salamanca) contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La minera cifra la demanda en 1.000 millones de dólares y afirma que desde el envío de la notificación de arbitraje, el Gobierno de España no ha entablado conversación para intentar llegar al acuerdo y evitar el procedimiento internacional.
Según la minera: “Las acciones de España contra Berkeley Minera España y el proyecto Salamanca han violado múltiples disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE)”. Y como parte de su solicitud, Berkeley Exploration Limited está buscando una compensación que será del orden de 1.000 millones de dólares.
En noviembre de 2022, Berkeley Exploration Limited presentó una notificación escrita de una disputa de inversión al Gobierno de España proponiendo buscar negociaciones para una solución amistosa conforme al artículo 26.1 del TCE. Según Berkeley: “Hasta la fecha, el Gobierno español aún no ha entablado ninguna conversación relacionada con la disputa y Berkeley Exploration Limited ha presentado ahora su solicitud para hacer valer sus derechos en el proyecto Salamanca a través del arbitraje internacional.”
La minera es representada por las firmas Herbert Smith Freehills Spain LLP y LCS Abogados.
A pesar de la disputa de inversión, Berkeley Exploration Limited sigue comprometida con el proyecto Salamanca y continúa abierta a un diálogo constructivo con España. Así mismo, la compañía está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una resolución amistosa a la situación de los permisos y mantiene la esperanza de que las conversaciones se puedan celebrar a corto plazo.
Berkeley defiende la energía nuclear
En el comunicado enviado a los medios, Berkeley defiende la energía nuclear para cumplir los objetivos de transición energética argumentando que: “En la Unión Europea, 13 de los 27 estados miembros tienen activas plantas de energía nuclear. Hay un total de 103 reactores operando, que anualmente producen alrededor de una cuarta parte de la electricidad total consumida en la Unión Europea en su conjunto. Además, otros cuatro reactores están en construcción en países como Eslovaquia, Finlandia y Francia.”
Cita que el Parlamento Europeo votó en julio de 2022 por la inclusión de actividades específicas de energía nuclear, bajo ciertas condiciones, en la lista de actividades económicas ambientalmente sostenibles cubiertas por la taxonomía de la UE; la posición oficial sobre la propuesta de la Ley de Industria de Cero Neto, para apoyar la producción manufacturera de Europa en tecnologías necesarias para la descarbonización, apoyada en noviembre de 2023 por el Parlamento Europeo; y la Cumbre de Acción Climática Mundial de la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas (COP28), en la que “más de 20 países liderados por Estados Unidos, entre ellos Francia, Japón, la República de Corea, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, lanzaron la Declaración para Triplicar la Energía Nuclear, que “reconoce el papel clave de la energía nuclear en lograr emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2050 y mantener el objetivo de 1,5 grados”.”
Asimismo, la minera da razones que implican la no dependencia del uranio suministrado por jurisdicciones geopolíticamente inestables (Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, Níger, etc.). Con la tasa de producción del proyecto Salamanca se “cubriría más del 100% de la demanda doméstica de España, y representa el 15% de la demanda europea” y se “cumpliría con el objetivo para 2030 de la recientemente aprobada Ley de Materias Primas Críticas.”
La reactivación del área salmantina despoblada y la inversión de la compañía: más de 100 millones de euros en el proyecto son otras de las razones defendidas junto con la operación bajo “los más altos estándares de protección ambiental y sostenibilidad.”
Breve sobre el conflicto
En febrero de 2021, la minera australiana Berkeley ya se mostró dispuesta a acudir al arbitraje contra España por su proyecto de mina de uranio en el campo de Salamanca, frustrado ante la ley sobre el cambio climático. La reclamación con la que se jugaba en aquel momento ascendía a alrededor de 500 millones de de euros por las inversiones en el proyecto.
En noviembre de 2021, recibió la notificación formal del MITECO de que había rechazado la autorización de construcción de la planta de concentrado de uranio como instalación radiactiva en el proyecto de Salamanca, tras el informe desfavorable a la concesión emitido por la Junta del Consejo de Seguridad Nuclear en julio de 2021.
En noviembre de 2022, la minera presentó una notificación de controversia de inversiones.
En abril de 2024, informó a través de “Información Privilegiada” a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que iniciaría el arbitraje de inversiones contra España.