El British Institute of International and Comparative Law (BIICL) ha publicado un estudio que examina más de 150 decisiones de anulación dictadas por los comités ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y analiza cómo su sistema, que registra solicitudes de anulación en casi la mitad de los procedimientos tramitados, trata este recurso. El informe presenta datos tan descriptivos como que entre Argentina, Venezuela y España representan el 44% de todas las solicitudes de anulación presentadas por Estados.

El informe “Empirical Study: Annulment in ICSID Arbitration“, elaborado por el profesor Yarik Kryvoi, director del Foro de Tratados de Inversión del BIICL, junto con Johannes Koepp y Jack Biggs de Baker Botts, proporciona un examen detallado de todos los laudos anulados disponibles públicamente y se apoya en el Documento de antecedentes sobre anulación para el Consejo Administrativo del CIADI actualizado y publicado en mayo de 2016.

El documento analiza:

  • la tasa de éxito de las solicitudes de anulación,
  • los motivos de anulación más frecuentemente invocados,
  • la duración y los costes de los procedimientos de anulación o
  • cómo los tribunales abordan los motivos específicos de anulación en virtud del artículo 52(1) del Convenio CIADI.

El Convenio del CIADI considera el proceso de anulación como un recurso excepcional, por lo que los laudos del Centro solo pueden ser impugnados en el marco del Convenio por cinco motivos:

  • El Tribunal no ha sido debidamente constituido.
  • El Tribunal se ha excedido manifiestamente en sus facultades.
  • Corrupción por parte de un miembro del Tribunal.
  • Grave desviación de una norma fundamental de procedimiento.
  • El laudo no ha sido motivado.

Sólo 19 laudos han sido anulados total o parcialmente

Según los resultados del estudio, el número de solicitudes de anulación que prosperan es muy bajo: De los 355 laudos dictados en virtud del Convenio CIADI hasta el 31 de enero de 2021, casi la mitad fueron objeto de anulación, pero sólo 19 (alrededor del 5%) han sido anulados total o parcialmente. Para los autores, a pesar de la baja tasa de éxito, es difícil sobrestimar la importancia del mecanismo de anulación del CIADI para el conjunto del arbitraje de inversiones.

Los Estados, en el marco del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI: Reforma de la solución de controversias entre inversores y Estados, están estudiando actualmente si el proceso de anulación del CIADI debería coexistir con los motivos de anulación ajenos al CIADI o fusionarse en el futuro. Sin embargo, cualquier cambio importante en el proceso de anulación requeriría una modificación del Convenio CIADI, lo que probablemente llevaría mucho tiempo. Por lo tanto, es probable que el actual procedimiento de anulación del CIADI permanezca con nosotros durante muchos años.

Los Estados son más propensos a solicitar la anulación de un laudo del CIADI que los inversores

Según el estudio, los Estados han iniciado 88 procedimientos de anulación, mientras que los inversores han iniciado 63 (5 han sido presentadas por ambas partes).

Entre Argentina (16 solicitudes presentadas), Venezuela (12) y España (13) representan el 44% de todas las solicitudes de anulación presentadas por Estados, y una cuarta parte de las 161 solicitudes de anulación registradas por CIADI.

Argentina ha sido demandada en 56 arbitrajes del CIADI hasta la fecha y ha intentado anular 16 de los 18 laudos desfavorables; Venezuela ha sido demandada en 49 y ha solicitado la anulación de 12 de los 14 laudos desfavorables; y España ha sido demandada en 39 y ha intentado anular 13 de los 14 laudos desfavorables.

La sentencia Achmea y sus consecuencias sobre las solicitudes de anulación

Según lo analizado en el informe, los Estados miembros de la Unión Europea han presentado un número muy elevado de solicitudes de anulación, “presumiblemente como consecuencia de la sentencia Achmea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. De las 41 solicitudes de anulación presentadas entre 2018 y 2020, el 41% fueron presentadas por Estados miembros de la UE que pueden haberse sentido legalmente obligados a hacerlo por una cuestión de derecho de la UE.

Informe completo: “Empirical Study: Annulment in ICSID Arbitration“, The British Institute of International and Comparative Law and Baker Botts LLP.

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