En el marco del arbitraje de inversiones entre la minera canadienses Gran Colombia Gold y Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), Colombia solicitó a finales de abril una prórroga del plazo para la presentación de sus memoriales sobre jurisdicción y contestación apoyándose en las restricciones relacionadas con la pandemia Covid-19.

El 29 de abril de 2021, la defensa de Colombia solicitó una prórroga de siete semanas del plazo para presentar su Memorial sobre la Jurisdicción y el Memorial de Contestación sobre el Fondo que estaba previsto para el 13 de mayo. En la solicitud se excusó en las restricciones relacionadas con la COVID-19, que habrían “afectado significativamente a su trabajo en el Memorial de Contestación” argumentando que esta prórroga se podía acomodar en el calendario procesal ya establecido.

Para Gran Colombia Gold la solicitud era “excesiva e irrazonable”, e incluyó una contrapropuesta de prórroga de dos semanas para su Memorial de Contestación, ampliando a su vez en dos semanas el tiempo total de su exposición para su Memorial de Contestación sobre Jurisdicción y su Réplica sobre el Fondo.

El tribunal del arbitraje formado por la estadounidense Jean Engelmeyer Kalicki (presidente), Bernard Hanotiau (designado por Gran Colombia Gold) y Brigitte Stern (designada por Colombia) ha contestado en la Orden procesal nº 9 que:

  • las dificultades afrontadas ante la Covid 19 no son nuevas a estas alturas de la pandemia;
  • una prórroga de siete semanas no está justificada al situar las etapas finales del calendario procesal muy cerca de las fechas reservadas para la Audiencia; y
  • no acepta que la prórroga concedida a una de las partes: “justifique automáticamente una prórroga proporcional de los intervalos de información de la otra parte, en ausencia de alegaciones de que está experimentando dificultades proporcionales.”

El Tribunal concede a Colombia cuatro semanas adicionales.

Conflictos de la minera Gran Colombia Gold en Colombia

Yacimientos adjudicados a Gran Colombia Gold eran explotados por comunidades locales, una de esas minas es el Cogote, y en relación a la que la minera se vio presionada por parones causados en las zonas de Segovia y Remedios en los que participaron hasta 15.000 mineros, lo que provocó que cesara sus actividades denunciando la violación del derecho al trabajo, actos delictivos, extorsiones y amenazas a 1.000 empleados de Zandor Capital (su subsidiaria) y “a más de 2.500 empleados de las 39 minas formalizadas en los últimos 4 años y que han entrado a formar parte de su sistema”, y pérdidas diarias de dos millones de dólares.

Otro título minero de la canadiense tiene que ver con el dominio de la parte alta del cerro El Burro por el que las familias del municipio de Marmato luchan desde hace una década, ya que la explotación de minas a cielo abierto en el cerro supone el 80% de su economía.

La presión por el daño medioambiental también está presente por la propia naturaleza del proyecto de la canadiense que pretende allanar la montaña para crear una mina a cielo abierto. Varias avalanchas de lodo sufridas en la zona, que se remontan a 2006, provocaron la denuncia de las comunidades y la consecuente proposición gubernamental de cambiar la ubicación de Marmato argumentando la situación inestable de la ladera donde se situaba la población.

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