El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha aprobado un decreto que declara los terrenos de la minera estadounidense Calica “área natural protegida”, se trata de terrenos cercanos a Playa del Carmen, donde Vulcan Materials, propietaria de Calima, ha estado extrayendo material durante décadas y que son el origen de un arbitraje de inversiones abierto en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). En su conferencia de prensa de 25 de septiembre, AMLO negó que se tratara de una expropiación.
El Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto por el que se declara área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, con la categoría de área de protección de flora y fauna la superficie ubicada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, en el estado de Quintana Roo, en la que se emplaza Calica, el 23 de septiembre de 2024.
El Decreto se apoya en protocolos como el Acuerdo de París o el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, entre otros.
Con este movimiento el presidente de México evita que Vulcan Materials siga trabajando en la zona y cumple las advertencias que ha estado haciendo a la minera durante su mandato.
Las declaraciones de Vulcan no se dejaron esperar y en entrevista con Reuters, el 24 de septiembre de 2024, afirmó que defenderá a través de todos los medios legales disponibles su cantera y el puerto gestionado para sus operaciones (ver “US builder Vulcan to fight land expropriation in Mexico, ordered in president’s final week“, Reuters, 24.09.2024). En el arbitraje, iniciado en 2018, la reclamación de Vulcan asciende a 1.900 millones de USD como compensación.
En La Mañanera, conferencia de prensa matutina del presidente, de 25 de septiembre de 2024, AMLO presentó las operaciones de Vulcan para extraer grava y llevarla a EE.UU. y explicó que se trata de “la declaratoria de una reserva natural de más de 50.000 hectáreas, no es expropiar es proteger. En este Gobierno es en el que más reservas de áreas protegidas se han decretado.”
El arbitraje Legacy Vulcan v. México
El 3 de enero de 2019, la estadounidense Legacy Vulcan registró su demanda de arbitraje ante el CIADI acusando a México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En relación con su inversión en Calica, dedicada a la extracción de piedra caliza en Quintana Roo para exportar a EE.UU. y proveer de materiales de construcción y desarrollo portuario en este Estado, Legacy Vulcan reclama, entre otros, el embargo de fondos de cuentas bancarias “para satisfacer obligaciones tributarias controvertidas”, a pesar, explicó en su notificación de arbitraje, de la obligación del Estado de Quintana Roo de no cobrarlas hasta que no se cumpliesen ciertas condiciones.
Asimismo, acusa de sustituir de forma arbitraria en 2009 el Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) del Corredor Cancún-Tulum prohibiendo extracciones en La Adelita y El Corchalito, donde Calica realizaba sus actividades. Brevemente, en relación con La Adelita, Calica firmó un Memorando de Entendimiento para modificar a través de una enmienda el POEL de 2009 que no se ha cumplido; asimismo, en lo referente al conflicto por El Corchalito, Legacy Vulcan acusa de expropiación a México.
Los despachos que asesoran a Legacy Vulcan son Covington & Burling LLP y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC.
El tribunal del arbitraje lo componen: el holandés Albert Jan van den Berg (presidente), designado por acuerdo de las partes; el argentino Guido Santiago Tawil (designado por el demandante); y el mexicano y estadounidens Sergio Puig (designado por la demandada).
