El 4 de julio, el congreso argentino aprobó la Ley de Arbitraje Comercial Internacional que dota al país de un marco legal en relación con la resolución de conflictos comerciales internacionales.
Según se comunica en la página web del Ministerio de Justicia argentino, la nueva Ley se dicta “en consonancia con los principio mundiales” de la práctica del arbitraje comercial internacional.
En palabras de Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos: “La aprobación de la ley de arbitraje es un hito fundamental en el fortalecimiento de la institucionalidad, la previsibilidad y solución de controversias rápidamente y con un bajo costo. Esto contribuye decididamente al progreso de la sociedad y al desarrollo económico y social”.
Argentina era uno de los pocos países de América del Sur que no contaba con una Ley sobre Arbitraje Internacional. La normativa aprobada está basada en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).
Impulso al arbitraje en Argentina
En septiembre de 2016 ante la redacción del anteproyecto de Ley, Agustina Díaz Cordero, coordinadora de la iniciativa “Impulso al arbitraje”, explicaba que la adopción de la Ley Modelo Uncitral: “constituye una herramienta fundamental para atraer inversiones extranjeras”.
Garavano también se manifestaba a favor de adoptar en Argentina la Ley Modelo: “La correcta aplicación del nuevo Código Civil y Comercial, y la consecuente necesidad de reforma del Código Procesal Civil y Comercial posibilitan la adopción de un modelo de arbitraje moderno, indispensable para dotar de seguridad jurídica al desarrollo sostenido de la economía”, decía.
La redacción de este anteproyecto se enmarca en las más de 100 iniciativas que lleva adelante el programa de modernización judicial Justicia 2020, que se está llevando a cabo en Argentina.
La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) creó la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional para unificar principios universalmente aceptados del arbitraje, y evitar así las diferencias existentes entre jurisdicciones.
