El pasado viernes 23 de diciembre, la Procuraduría General de la República de Venezuela emitió un comunicado en el que explica que se está evaluando “proceder a solicitar la anulación del laudo” del arbitraje que ha mantenido con la siderúrgica Tenaris SA y su subsidiaria Talta en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, y que se resolvió con la publicación del laudo el pasado 12 de diciembre.
El Gobierno venezolano, que explica en el comunicado que la condena supone un 13% de la reclamación de la demandante, 112$ millones de los 861 que pretendían Tenaris y Talta, se justifica en que: “A pesar de las fuertes objeciones jurisdiccionales de la República sobre la ausencia de un consentimiento válido para este arbitraje junto con serios defectos en la notificación de la controversia y la ausencia de una sede efectiva de las demandantes para acogerse a los beneficios de los tratados de inversión suscritos con Portugal y Luxemburgo, el Tribunal se consideró competente para resolver sobre la controversia.”
Según el texto del comunicado: “La Procuraduría General de la República, en cumplimiento de su deber constitucional y legal, agotará todos los recursos a su alcance en defensa de los intereses de todos los venezolanos”.
El conflicto se generó por la expropiación de las inversiones de las demandantes en Tubos de Acero de Venezuela SA (Tavsa), único productor de tubos de aceros sin costura en la República Bolivariana, y Complejo Siderúrgico de Guayana, CA (Comsigua), productora de hierro briquetas en caliente
