La Municipalidad Metropolitana de Lima ha contratado a la firma estadounidense Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP para la defensa en el arbitraje que mantiene con la concesionaria Rutas de Lima. La prensa peruana y profesionales jurídicos denuncian la contratación directa y la premura injustificada del proceso.
El contrato se ha firmado por 2.400.000 US dólares, por un periodo de tres años hasta finalizar los actos procesales, previsiblemente en 2025.
El medio peruano La República informa de la disconformidad con el rápido procedimiento de contratación -todo el proceso se desarrolló en tres horas desde el anuncio por parte del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace)- ofreciendo la opinión de abogados expertos en contrataciones y señalando que no existe emergencia y que tampoco se han observado criterios de competencia y transparencia (ver “MML contrata estudio de abogados por US$2.400.000“, Narda Saavedra, La República, 29.10.2023).
El tercer arbitraje Rutas de Lima-Municipalidad de Lima
Este arbitraje fue presentado en 2022 por Rutas de Lima en relación al conflicto con la Municipalidad de Lima por los contratos de concesión y gestión de una autopista.
El procedimiento se administra en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) y ha sido objeto de polémica tras la recusación por el procurador de la Municipalidad Metropolitana de Lima de todo el tribunal: Luca G. Radicati di Brozolo (presidente), David Arias y Elvira Martínez Coco.
En el mes de agosto, el fondo canadiense Brookfield, accionista mayoritario de la concesión Rutas de Lima, adviritió en un comunicado sobre las amenazas vertidas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que supondrían una grave e irreparable violación a las garantías de los Tratados internacionales.
Brookfield explicaba en el documento que el alcalde de Lima emplazaba a su subsidiaria Rutas de Lima: “a entregarle los peajes correspondientes a la Concesión, bajo la amenaza de que, de no hacerlo, los tomará directamente, desconociendo la medida cautelar de suspender la terminación del Contrato de Concesión hasta que el Tribunal Arbitral internacional competente se pronuncie en forma definitiva.”
Los dos arbitrajes anteriores
Dos procedimientos de arbitraje anteriores recibieron laudos en contra de la Municipalidad de Lima. En el primero, de 11 de mayo de 2020, el laudo ordenó el pago a la Administración limeña de más de 220 millones de soles. El tribunal lo formaron Alexis Mourre, Antonio Hierro (nominado por la demandante tras la renuncia de Arias) y Elvira Martínez Coco (nominada por la Municipalidad) y que emitió un voto parcialmente disidente señalando que una de las adendas del contrato, que cambió la fecha para la implementación del Peaje Chillón, afectó al equilibrio económico financiero del contrato.
En el segundo, la decisión del tribunal de arbitraje de 16 de diciembre de 2022 -formado por Eduardo Zuleta, Pedro Claros (designado por la demandante) y Elvira Mártínez Coco (designada por la Municipalidad de Lima)-, constituido ad hoc bajo reglamento UNCITRAL y con ley aplicable del Perú, reconoció el incremento de las tarifas de peajes que se habían dejado de percibir entre los años 2017 y 2018.
El laudo incluyó una opinión discrepante de Martínez Coco que concluía que si había elementos suficientes para determinar que hubo corrupción, debía anularse el contrato de concesión de enero de 2013 y la adenda de bancabilidad suscrita al año siguiente declarando nula el acta de 30 de junio de 2016, por lo que no tendría que abonarse absolutamente nada a la empresa.
