En el arbitraje “Rutas de Lima S.A.C v. Municipalidad Metropolitana de Lima” que se administra en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), el tribunal formado por Luca G. Radicati di Brozolo (presidente), David Arias y Elvira Martínez Coco ha sido recusado y denunciado penalmente por el procurador de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Martínez Coco ha manifestado en una carta a una televisión peruana que renuncia al cargo de árbitro para demostrar en sede penal: “la forma correcta en la que ha actuado el Tribunal Arbitral”.
El 7 de julio de 2023, la corporación de la Municipalidad de Lima decidió terminar el contrato desoyendo la orden emitida por el Tribunal del arbitraje el 13 de junio de 2023 que ordenó a la Demandada: “que se mantenga el status quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento, suspendiendo el procedimiento de caducidad del contrato en curso, durante el trámite del presente arbitraje”.
Asimismo, en su Decisión, el Tribunal ordena a la Municipalidad que se abstenga: “de agravar la disputa con manifestaciones públicas sobre el asunto y contra la Demandante durante el trámite del presente arbitraje.”
El 11 de julio, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga acusó a la árbitro Elvira Martínez Coco de haber pedido $500,000 dólares a las partes para dictar una medida cautelar, una tarifa que califica de anormal, y un millón más, lo que afirma que “le huele mal”. Y señala que al procurador de la Municipalidad le “apesta el tema”, por lo que ha recusado a los tres árbitros y los ha denunciado penalmente. Las declaraciones se pueden escuchar en el programa Combutters de Willax Televisión, emitido el 11 de julio.
Carta de Elvira Martínez Coco a Combutters
La propia árbitro Elvira Martínez Coco se dirigió al director del programa Combutters, en una carta fechada el 12 de julio de 2023, para aclarar las palabras del alcalde de Lima sobre el procedimiento. En la misiva, Martínez Coco manifestó que fue nombrada árbitro en enero de 2023 durante la gestión del propio López Aliaga y que los honorarios arbitrales han seguido los cursos normales de procedimientos de este tipo.
Elvira Martínez Coco explica su intervención en otros dos tribunales arbitrales internacionales que analizaron este mismo contrato y en los que emitió un voto parcialmente disidente en uno de ellos, relacionado con el cambio de fecha de implementación del peaje y la afectación al equilibrio económico-financiero del contrato, y un voto disidente en el otro arbitraje señalando que el contrato fue objeto de corrupción.
Rutas de Lima
En un comunicado hecho por Rutas de Lima tras las declaraciones de López Aliaga, la empresa explica, en relación con las acusaciones contra el tribunal, que: “Sobre la integridad del Tribunal Arbitral: Conforme al reglamento mencionado, a principios de este año y durante la presente administración municipal, cada parte nombró un co-árbitro y los dos co-árbitros nombraron al Presidente del tribunal. Asimismo, de conformidad con dicho reglamento, la Corte Permanente de Arbitraje ha regulado los honorarios de los árbitros y ha solicitado a ambas partes que aporten el pago correspondiente en partes iguales, como es usual en este tipo de procedimientos” (ver “Rutas de Lima emite comunicado sobre peajes: “Declaraciones del alcalde de Lima son infundadas”“, peru21, 13.07.2023).
El conflicto
Este tercer arbitraje fue presentado en 2022 por Rutas de Lima en relación al conflicto con la Municipalidad de Lima por los contratos de concesión y gestión de una autopista.
Los dos arbitrajes anteriores recibieron laudos en contra de la Municipalidad de Lima. En el primero, de 11 de mayo de 2020, el laudo ordenó el pago a la Administración limeña de más de 220 millones de soles. El tribunal lo formaron Alexis Mourre, Antonio Hierro (nominado por la demandante tras la renuncia de Arias) y Elvira Martínez Coco (nominada por la Municipalidad) y que emitió un voto parcialmente disidente señalando que una de las adendas del contrato, que cambió la fecha para la implementación del Peaje Chillón, afectó al equilibrio económico financiero del contrato.
En el segundo, la decisión del tribunal de arbitraje de 16 de diciembre de 2022 -formado por Eduardo Zuleta, Pedro Claros (designado por la demandante) y Elvira Mártínez Coco (designada por la Municipalidad de Lima)-, constituido ad hoc bajo reglamento UNCITRAL y con ley aplicable del Perú, reconoció el incremento de las tarifas de peajes que se habían dejado de percibir entre los años 2017 y 2018.
El laudo incluyó una opinión discrepante de Martínez Coco que concluía que si había elementos suficientes para determinar que hubo corrupción, debía anularse el contrato de concesión de enero de 2013 y la adenda de bancabilidad suscrita al año siguiente declarando nula el acta de 30 de junio de 2016, por lo que no tendría que abonarse absolutamente nada a la empresa.
