Venezuela ha presentado una solicitud de anulación del laudo de 1.600 millones de dólares a favor de las compañías españolas Agroinsumos Ibero-americanos S.L., Inica Latinoamericana S.L., Proyefa Internacional S.L. y Verica Atlántica S.L. El laudo fue emitido por el tribunal en marzo de 2022. El arbitraje se presentó en julio de 2016.
El 16 de noviembre, la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) registró la solicitud y, consecuentemente, notificó la suspensión provisional de la ejecución del laudo. El procedimiento ha pasado también por una fase de Decisión suplementaria y Rectificación del laudo solicitadas por los demandantes.
El tribunal, formado por el colombiano Eduardo Zuleta (presidente designado por las partes), y los coárbitros argentinos Horacio A. Grigera Naón (designado por los demandantes) y Gabriel Bottini (designado por Venezuela) condenó a Venezuela por por su incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela. Al laudo se acompañó una opinión discrepante de Bottini.
El origen del conflicto
En 2010, Hugo Chávez expropió las empresas del Grupo Agroisleña, además de Semillas Híbridas de Venezuela y demás filiales. Según un comunicado datado en 2016 con motivo de la presentación de la demanda, además, el Estado venezolano se hizo con: “las instalaciones de las empresas, destituyó a sus juntas directivas y nombró juntas administradoras ad-hoc”, lo que provocó la pérdida del control de sus inversiones por parte de las sociedades españoles.
