Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Por Irma Lovera De Sola*.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 334 contiene dos tipos de controles de la constitucionalidad:

  1. uno que solamente aplica la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que consiste en la declaración de nulidad de cualquier ley o norma contraria a la carta magna y
  2. el otro que según la letra de esta norma puede ser aplicada por los jueces cuando una norma sea contraria a la constitucionalidad y lo hacen mediante la desaplicación de la norma en cuestión.

El 24 de abril de 2014 fue promulgada y publicada, el 23 de mayo del mismo año en la Gaceta Oficial Nº 41.418, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, destinado a regular únicamente el alquiler de locales destinados a actividades comerciales.

El artículo 41 de esa ley contiene una serie de prohibiciones, entre las cuales en su literal “j” se prohíbe “el arbitraje privado para resolver los conflictos surgidos entre arrendador y arrendatario con motivo de la relación arrendaticia.”

Ese mismo año se publicó mi libro “Manual para conocer la Ley de Arrendamiento Inmobiliario”1 para uso comercial, en el cual señalé que la prohibición del arbitraje para resolver controversias derivadas de contratos de alquiler de locales comerciales era contraria a disposiciones constitucionales como el artículo 253 y 258, este último señala expresamente que: “La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.”

Ese llamado de atención acerca de una prohibición inconstitucional pasó desapercibido, hasta que en el año 2016 en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas me designaron árbitro único en un caso cuya pretensión era obtener la desocupación de un local comercial en virtud de haberse vencido el plazo del contrato y también la prórroga legal que le concede esa ley especial.

El arbitraje se tramitó y al llegar el momento de dictar el laudo arbitral era justamente la oportunidad para aplicar mi propio planteamiento acerca de la inconstitucionalidad de la prohibición del arbitraje en estos casos.

El día 15 de septiembre de 2016 fue publicado el laudo arbitral del caso comentado y en esa decisión consideré que por cuanto la prohibición de arbitraje es contraria a dos normas constitucionales, ya citadas, en virtud el control difuso de la constitucionalidad debía desaplicase (suspenderse) dicha prohibición y proceder a dictar el laudo que consideró que se tenía jurisdicción para decidirlo.

En el propio laudo se citaron sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que instan tanto al máximo órgano legislativo, la Asamblea Nacional, como a los jueces y demás funcionarios del Estado a estimular el uso del arbitraje y demás medios alternativos de resolución de conflictos y en consecuencia se declaró válida la cláusula arbitral contenida en el contrato de arrendamiento base de la pretensión así como el procedimiento arbitral llevado adelante, con base en la Ley de Arbitraje Comercial como en el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y se procedió a dictar el dispositivo del laudo.

Ahora bien, por cuanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es la máxima autoridad en el control constitucional, es obligatorio enviar cualquier decisión, judicial o arbitral, a su consideración para que revise si ese control difuso de la constitucionalidad ha sido debidamente aplicado. Y así se hizo.

El 18 de octubre de 2018, la Sala Constitucional publicó su sentencia Nº 07022 en la cual señaló entre otros muchos argumentos y precisiones que no son el objeto de este breve trabajo, lo siguiente:

1º) Declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso de la constitucionalidad del literal “j” del artículo 41º del Decreto Ley con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial, que contiene la prohibición del arbitraje en los casos basados en contratos de alquiler de locales comerciales, que se había hecho en el laudo arbitral de fecha 15 de septiembre de 2016, suscrito en mi condición de árbitro único.

Seguidamente la Sala Constitucional ordenó la apertura del procedimiento de nulidad del literal indicado del artículo 41º de la mencionada ley que deberá iniciarse con copia certificada de esta sentencia comentada.

Esta sentencia que:

  • ratifica la posibilidad de someter a arbitraje los conflictos surgidos en virtud de contratos de alquiler de locales comerciales,
  • amplía el campo de aplicación del arbitraje a un ámbito que es justamente apropiado para este tipo de procedimiento y
  • queda así consolidado el derecho ciudadano de acudir a medios alternativos de resolución de conflictos, entre ellos el arbitraje.

* Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Profesora universitaria de pre y post grado en la UCAB, Santa María y Metropolitana. Mediadora y árbitro.

1 Editorial Jurídica Venezolana.

2 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/301753-0702-181018-2018-17-0126.HTML.

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