El Tribunal Superior de Bogotá ha revocado la orden que obligó a Uber a suspender su servicio en Colombia en diciembre de 2019, y que provocó que el operador de alquiler de coches con conductor amenazara al gobierno de Iván Duque con una demanda de arbitraje de inversiones de 250 millones de dólares.
En enero de 2020, Uber notificó al Gobierno de Colombia su intención de acudir a arbitraje por los daños sufridos por la suspensión de su servicio alegando trato discriminatorio en virtud del Tratado de Libre Comercio Colombia-EE.UU..
Tras la demanda de la compañía de taxis apoyada en un hecho ocurrido en 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio suspendió el servicio de Uber por “competecia desleal”. La compañía estadounidense acusó a Colombia de tomar medidas discriminatorias, ya que otras compañías con servicios similares no habían sido sometidas a esta suspensión.
Uber modificó su servicio y volvió a operar en febrero en Colombia. Ahora, un tribunal de Bogotá ha concluido que el plazo para que la compañía de taxis presentara la reclamación ha expirado, ya que este tipo de demandas ligadas a propiedad industrial lo hacen a los dos años.
Pendiente queda si la demanda de la estadounidense sigue adelante buscando compensación por los daños sufridos.
