El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado el laudo a favor de FCC y en contra de la empresa pública española Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (AcuaMed), en base a un arbitraje relacionado con un contrato de 2006 de construcción de la desaladora Bajo Almanzora, en Almería.
En marzo de 2020 un tribunal de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) dio la razón a FCC condenando a Acuamed al pago de nueve millones y medio de euros más costas. El arbitraje tuvo su origen en el desacuerdo sobre quien debía pagar la reparación causada por las inundaciones sufridas en la riada de San Wenceslao el 28 de septiembre de 2012, un fenómeno que afectó de forma muy intensa a toda la cuenca del Segura. La mayoría de los equipos e interconexiones quedaron sumergidas ocasionando graves desperfectos y dejando inhabilitada la instalación desde entonces.
FCC argumentaba que la obra ya estaba acabada cuando ocurrió la inundación por lo que era Acuamed quien debía correr con los gastos. Según el medio OK Diario, Acuamed debe pagar a FCC unos 20 millones de euros (ver “El Tribunal Superior andaluz ratifica un laudo a favor de FCC en una obra de Acuamed y golpea el caso“, Carlos Ribagorda, Ok Diario, 12.11.2021).
AcuaMed es una empresa pública española que pertenece al Grupo Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda) y actúa bajo la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España.
Este arbitraje junto a otros relacionados con Acuamed, forman parte de una serie de proyectos investigados por la Audiencia Nacional.
En julio de este año, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, autorizó a AcuaMed la celebración del contrato para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de reparación y puesta en marcha de la planta desaladora del Bajo Almanzora por un valor estimado de 19.915.190 euros.
