La minera australiana South32 ha iniciado un procedimiento de ejecución de un laudo de nueve millones y medio contra Colombia en el Tribunal de Distrito de Columbia. La minera reclamó en arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) alrededor de 94 millones USD por el pago de regalías en relación con dos contratos de concesión finalizados en el año 2012 en la explotación de Cerro Matoso. Al parecer, Colombia solo habría afrontado una pequeña parte de la indemnización debida a South32.
South32 presentó la petición para ejecutar el laudo contra Colombia el 4 de marzo de 2025 ante el “District Of Columbia District Court”. En junio de 2024, el tribunal del arbitraje, formado por Deva Villanúa Gómez (presidenta), Guido Santiago Tawil y Andrés Jana Linetzky emitió un laudo, con opinión discrepante de este último, en el que condenó a Colombia a pagar 9,5 millones USD.
El conflicto se inició con una investigación de la Contraloría General de la República de Colombia sobre responsabilidad fiscal, por una supuesta falta de pago de regalías durante el periodo 1982 a 2012, en relación con dos contratos de concesión finalizados en el año 2012 en la explotación de Cerro Matoso. El tribunal confirmó que el cálculo del monto adeudado fue irregular.
La firma que representa a South32 ante tribunales estadounidenses es Freshfields US LLP.
Algo más sobre el conflicto
Colombia inició la investigación en 2020 y pretendía recuperar 181 millones y medio USD argumentando que la minera australiana aplicó descuentos incorrectos. Para South32 el cálculo del interventor no se basaba en la fórmula contractual y denunció que la investigación atentaba contra la “seguridad jurídica” que protege la inversión extranjera en Colombia y que carecía “de sustento jurídico y técnico, toda vez que se refiere a contratos de concesión finalizados en 2012 que hoy en día están siendo liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca” (comunicado fechado el 19 de febrero de 2020).
