Real Hearing. Tan real como en el tribunal

Entre varias de las categorías problemáticas que se pueden presentar en la redacción y ejecución de convenios arbitrales se encuentran aquellas cláusulas que hacen referencia a un arbitraje administrado, pero que no refieren a una institución concreta o lo hacen a instituciones inexistentes o que han dejado de existir. Por Alegría Jijón (PBP Pérez Bustamante & Ponce).

En base al principio pro arbitrii, existe una tendencia de respetar el convenio arbitral, incluso si éste presenta problemas de redacción. Por ejemplo, en el caso Marnell Carrao Assoc. Inc c. Sensation Yatch, se dijo que:

[The] general principle that Courts should uphold arbitration, by striving to give effect to the intention of the parties to submit disputes to arbitration, and not allow any inconsistencies or uncertainties in the wording or operation of the arbitration clause to thwart that intention.

En Ecuador, la jurisprudencia ya se había pronunciado sobre la posibilidad de que la Ley permita suplir la omisión de las partes para que la cláusula se entienda ejecutable. Así, en la Sentencia No. 0006-10-SEP-CC, la Corte Constitucional para el periodo de transición, en del Caso No. 0712-09-EP, estableció que: “en vista de que la ley suple lo que no se ha estipulado en la cláusula arbitral, es improcedente determinar a la misma como patológica, por lo tanto, la misma surte los efectos jurídicos respectivos”.

Esta tendencia ha sido nuevamente reafirmada con la expedición del Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación (“RLAM”). De manera concreta, el artículo 1, numeral 2 establece:

2. Cuando las partes hayan pactado someter sus disputas a arbitraje, sin hacer referencia a una institución arbitral específica o a las normas de procedimiento que lo rijan, se entenderá que el arbitraje es administrado y, conforme lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el demandante podrá acudir al Centro de Arbitraje y Mediación más próximo al lugar de los efectos del acto o contrato materia del arbitraje o del domicilio del demandante a elección de éste.

En ese sentido, si la sede de un arbitraje es Ecuador, la Ley procesal aplicable tiene una solución expresa en caso de que las partes no hayan pactado un Centro específico. Esto incluso en el caso de que no se diga que el arbitraje será administrado. Es decir, que ahora, mientras exista cláusula arbitral, el arbitraje será administrado por defecto y la actora podrá acudir al centro de arbitraje más cercano.

En ese mismo sentido, al ser un principio que adopta la legislación ecuatoriana, esta solución puede extrapolarse a otros supuestos en los que el Centro genere confusión. Por ejemplo, en el caso de que no exista la institución arbitral o haya dejado de existir.

Hay quienes han dicho que una norma así de tajante es casi una reforma a la cláusula arbitral y que de alguna manera entra a sustituir el consentimiento de las partes.

Escribe un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.