Un juez de la US District Court Southern District of Florida ha rechazado que Grupo Unidos por el Canal (GUPC) evite cumplir el laudo de un arbitraje que le condenó a indemnizar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con 22 millones de dólares.

GUPC, grupo liderado por Sacyr, junto con la belga Jan De Nul, la italiana Salini Impregilo y la panameña Urbana, presentó una petición ante la Corte estadounidense para anular el laudo que en agosto de 2017 le condenó al pago de 22 millones de dólares en relación con la ataguía temporal en la entrada del Pacífico.

El conflicto fue arbitrado en Miami de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El laudo fue adjudicado a favor de la ACP, ordenando a GUPC a reembolsarle por costos legales, administrativos y otros costos significativos 22 millones de dólares.

GUPC solicitaba al Tribunal anular el laudo argumentando que la mayoría del tribunal de arbitraje se negó a considerar evidencia relevante y necesaria como resultado del fallo repetido por parte de la ACP para producir documentación pertinente y testimonios. La ACP argumenta que la moción presentada por GUPC está prohibida porque no entregaron la notificación a tiempo como lo requiere la Ley Federal de Arbitraje (“FAA”), 9 U.S.C. § 12, y la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (“FSIA”), 28 U.S.C. § 1608.

El conflicto que envuelve a GUPC y a Sacyr está relacionado con retrasos significativos y sobrecostes de casi 200 millones de dólares en el área del Pacífico del proyecto, relacionado con el diseño y construcción de una ataguía, que permitiría un área de trabajo seca, y un desvío del río Cocolí. Según GUPC, el retraso y el aumento de los costes se debió a condiciones inesperadas del emplazamiento debido a un extenso dragado previo en el área, que ACP conocía, pero no reveló.

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