Ayer, 13 de junio de 2024, en la Junta de Accionistas de Sacyr, su presidente, Manuel Manrique, se mostró optimista sobre el laudo que emitirá el tribunal internacional del arbitraje en la fase final del procedimiento, abierto contra Panamá en 2018 por las obras del Canal. El presidente de Sacyr cifra la indemnización que pueden recibir entre 1.000 y 2.000 millones dólares.
Según Manrique, el laudo final -el procedimiento está siendo administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) bajo Reglamento UNCITRAL- podría conocerse a principios de 2025.
El tribunal, formado por el británico John Beechey (presidente), el argentino Horacio Grigera Naón (designado por Sacyr) y el australiano Zachary Douglas (designado por Panamá), decidió en una primera fase del arbitraje, el 3 de febrero de 2022, que entendía que: “contrariamente a lo sostenido por la República de Panamá”, las actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sí se pueden atribuir al Gobierno panameño, por lo que se cumple el requisito para que sean objeto de revisión bajo el tratado internacional.
La controversia está relacionada con la inversión de Sacyr en el contrato de ampliación del Canal de Panamá. La constructora forma parte del consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC) junto a la italiana Salini Impregilo y la belga Jan de Nul.
La italiana Salini Impregilo (actual WeBuild) también presentó un arbitraje de inversiones contra Panamá en CIADI en 2020, bajo Reglamento de la Convención CIADI. En 2015, la italiana amenazó con iniciar un arbitraje independiente de las demandas del consorcio GUPC contra la ACP para exigir el pago de más de dos billones de dólares en el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.
