El tribunal ad hoc del procedimiento de anulación presentado por Argentina en septiembre de 2016 contra el laudo del arbitraje emitido a favor de Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) e Interagua ha rechazado la solicitud del Estado.
En diciembre de 2015, el tribunal del arbitraje Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona e Interagua Servicios Integrales de Agua contra Argentina formado por el estadounidense Jeswald W. Salacuse (presidente), la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler (designada por las demandantes) y el venezolano Pedro Nikken (designado por la demandada) emitió el laudo que condenaba a Argentina al pago de más de 225 millones de dólares más intereses.
Los demandantes pedían 260 millones de dólares por la supuesta omisión o negativa de Argentina de aplicar ajustes acordados, previamente, en los cálculos y ajustes de tarifas relacionados con inversiones en diferentes concesiones de distribución y tratamiento de aguas.
Argentina presentó la solicitud de anulación alegando que el tribunal cometió varios errores:
- otorgó indemnización por una medida que no violó los TBI vigentes;
- valoró los daños por referencia a principios que están en conflicto con el marco legal establecido en la Decisión sobre Responsabilidad;
- dictaminó que procedía compensación en relación con los
honorarios de gestión, aunque no sostuvo que el contrato de gestión sea una inversión protegida ni determinó la naturaleza de dicho reclamo, y ordenó asimismo compensación por servicios no prestados; y - aplicó tasas de interés que excedían las que los Demandantes
solicitaron.
El tribunal ha considerado rechazar la solicitud, sin embargo, considerando que Argentina tenía razones justificadas para presentarla, condena a cada parte a asumir sus costos correspondientes de representación, así como la mitad de los honorarios y gastos administrativos en Ciadi.
El tribunal ad hoc formado con motivo del procedimiento de anulación lo han formado: el canadiense y neozelandés Donald M. Mcrae (presidente), el malayo Cecil W. M. Abraham y el australiano e irlandés Doug Jones.
El despacho que ha representado a las demandantes ha sido Freshfields Bruckhaus Deringer, mientras que la Procuración del Tesoro de la Nación ha conducido la representación de Argentina.
