El 2 de julio de 2019, la compañía estadounidense de telecomunicaciones Italba presentó la anulación del laudo del arbitraje contra Uruguay por no poder contar con el testimonio de un testigo esencial. Dos meses y medio después, tras estar formado el tribunal, presentó la recusación de uno de sus miembros: Gabriel Bottini, que ha sido rechazada por los otros dos miembros del Tribunal.
El Comité ad hoc constituido con motivo del procedimiento de anulación incoado por Italba está formado por el español Andrés Rigo Sureda (presidente), con experiencia en 21 procedimientos CIADI; y los argentinos Gabriel Bottini (50 casos CIADI) y Mónica Pinto (para la que éste es su tercer procedimiento CIADI), todos ellos propuestos por el presidente del Consejo Administrativo del centro.
A mediados de septiembre, Italba presentó la propuesta de recusación de Gabriel Bottini basada en “falta de franqueza”, por su conducta mostrada tras una propuesta de descalificación previa hecha en el arbitraje “Saint-Gobain-Venezuela”, por su rol como asesor y defensor de Argentina en algunos procedimientos; este papel provoca que Bottini no pueda tomar decisiones independientes e imparciales sobre asuntos muy similares a los que ha argumentado como asesor, y cita otros casos como Impregilo vs. Argentina en los que actuó como asesor.
Bottini explica que cuando se presentó la impugnación de Saint-Gobain, él todavía era Director Nacional de Asuntos Internacionales y Disputas de la Oficina del Fiscal General del Tesoro de Argentina; un puesto que dejó en enero de 2013 y afirma en su defensa que, en las explicaciones que dio en Saint-Gobain, aclaró que una vez que renunciara, esperaba “continuar trabajando como asesor independiente, ayudando a los estados, que pueden incluir a Argentina e inversores, en casos no relacionados con la disputa…”.
Andrés Rigo Sureda y Mónica Pinto consideran, entre otros y previo a rechazar la recusación presentada por Italba que: “el Solicitante no ha planteado ningún motivo para la descalificación en relación con la imparcialidad, independencia o franqueza del Sr. Bottini basada en los hechos ocurridos después de los procedimientos de Saint-Gobain, e incluido este procedimiento.”
Historia del arbitraje Italba-Uruguay
Después de tres años de arbitraje el 22 de marzo de 2019 se conoció el desenlace de arbitraje entre la compañía estadounidense de telecomunicaciones Italba Corporation y Uruguay, el tribunal, presidido por el costarricense Rodrigo Oreamuno -designado por las partes- y como árbitros el británico John Beechey -designado por el demandante- y el australiano Zachary Douglas -designado por el demandado-, emitió el laudo en el que daba la razón a Uruguay y condenaba a la demandante a pagar todos los costos del procedimiento.
La demandante alegaba la violación del tratado de protección de inversiones entre EEUU y Uruguay, dado que Trigosul S.A, su subsidiaria uruguaya, el Estado le revocó en 2011 el permiso que se le había concedido once años antes para brindar servicios de banda ancha.
Italba solicitaba una indemnización de 65 millones de dólares, pero el Tribunal admitió: “la excepción a la jurisdicción opuesta por la República Oriental del Uruguay basada en que Italba Corporation no es dueña de Trigosul S.A. ni la controla, por lo que Italba Corporation no es una inversora” a los fines de los Artículos 1 y 24 del APPRI EE.UU.-Uruguay.
Italba tendría que pagar a Uruguay un total de 5.885.344,17 dólares que incluyen todos los costos del arbitraje, incluyendo honorarios y gastos de los miembros del Tribunal, los cargos administrativos y gastos directos del CIADI, así como los honorarios de abogados y expertos y los gastos administrativos en los que ha incurrido en relación con el procedimiento.
Fueron por lana y salieron trasquilados.
El Abogado arbitraria debe asesorar debidamente a la empresa que irá a laudar, tanto en el fondo como en la forma del proceso arbitral y evitarle el cargo de sanciones procesales.