Ayer, lunes 20 de junio, se presentó en Madrid el informe “Justicia privatizada. El Estado español y los mecanismos de resolución de controversias inversor-Estadoque analiza la relación de España con el arbitraje de inversiones y critica al sistema de favoritismo con las grandes multinacionales. El informe, cuyos autores son Beatriz Plaza y Pedro Ramiro del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), ha sido editado por Ecologista en Acción.

El análisis parte de las estadísticas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversión, Ciadi, para plantear las críticas al sistema de solución de disputas inversor-Estado.

Los autores dan protagonismo a tres arbitrajes bastante mediáticos y de gran repercusión como son los procedimientos: Abengoa vs. México, Repsol vs. Argentina o Unión Fenosa vs. Egipto; y hacen especial referencia a los conflictos por las renovables que han llevado a España a posicionarse entre los Estados más demandados ante Ciadi.

Entre las conclusiones del estudio, los autores destacan la preeminencia del actual sistema de solución de disputas de inversión en las negociaciones de los grandes acuerdos comerciales como son: TTIP, CETA, TiSA o TPP y piden “reinterpretar esta arquitectura jurídica de la impunidad”.

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