Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El anuncio del proyecto de reforma constitucional en relación el Artículo 62 de la Constitución peruana sobre “Libertad de contratar”, que garantiza que los términos contractuales firmados por las partes no podrán ser modificados por normativa de ninguna clase, amenaza el actual recurso en los contratos-ley (aquellos que se pactan con el Estado) al arbitraje de inversiones.

El anuncio lo ha hecho Aníbal Torres, ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, que explicó (ver “Expectativa por anuncio de reforma de constitución neoliberal en Perú“, Prensa Latina, 01,11,2021) que el Gobierno planteará al Parlamento anular el Artículo 62, que se relaciona con el sometimiento en los acuerdos al arbitraje de inversiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Artículo 62 Libertad de contratar “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.

Anunciada reforma en agosto de Perú Libre

Durante el último mes de agosto, Perú Libre, el partido que aupó a la Presidencia a Pedro Castillo -pero que anunció a mediados de octubre que ante el viraje del gobierno hacia el “centroderechismo”, Castillo reemplazó a varios ministros, no le brindará su apoyo en el Congreso- presentó la reforma de algunos de los artículos constitucionales, entre ellos el 62, sin embargo planteaba reformular los términos del artículo, no anularlo, para controlar los precios de los insumos de empresas públicas y privadas (ver “Perú Libre presenta proyecto para que el Estado controle precios de bienes y productos“, Gestión, 13.08.2021). Es decir, la anterior narración quedaría como sigue:

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, siempre que no afecten el abastecimiento de productos y servicios necesarios para la atención de la demanda nacional y a la balanza comercial, y que sean declarados previamente en emergencia por el Congreso a propuesta del presidente de la República. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.”

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