Perú y Gramercy han llegado finalmente a un acuerdo para resolver la larga controversia sobre los 10.000 bonos agrarios adquiridos por el fondo estadounidense entre 2006 y 2008. Los bonos fueron emitidos por el Gobierno peruano para compensar a los propietarios de una expropiación de millones de acres de tierra agrícola durante las décadas de los años 1960 y 1970.
Perú pagará a Gramercy 40 millones USD, después de rondas de negociación extendidas en el tiempo desde que Gramercy Funds Mgmt. LLC y Gramercy Peru Holdings LLC presentaran la solicitud de ejecución del laudo de 100 millones de dólares en daños y costos, concedido por un panel internacional en diciembre de 2022, ante un tribunal de distrito de Estados Unidos en marzo de 2023. La cantidad acordada por las partes ha trascendido a través del portal especializado Law360 (ver “Peru Agrees To Pay Hedge Fund $40M To Settle Bond Dispute“, Joyce Hanson, 12.11.2024).
El 12 de noviembre de 2024, la jueza del District Of Columbia District Court, Amy Berman Jackson, así lo ratificó después de que las partes hayan mantenido discusiones de buena fe, desde el 8 de septiembre de 2023, alargadas en el tiempo para llegar a un acuerdo y resolver la controversia, que había suspendido el procedimiento ante la corte estadounidense hasta el pasado 9 de noviembre.
El arbitraje
El tribunal del arbitraje, administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) bajo Reglamento UNCITRAL, lo formaron el español Juan Fernández-Armesto (presidente), el canadiense Stephen L. Drymer (designado por la demandante) y la francesa Brigitte Stern (designada por Perú), Perú se congratulaba de haber conseguido una reducción al 5% del total demandado. La decisión arbitral se acompañó de una opinión discrepante de Stern.
Del laudo presentado por el panel arbitral extraemos la siguiente decisión: “a pesar de las instrucciones del máximo tribunal constitucional de Perú de pagar los bonos vencidos a largo plazo a su valor debidamente actualizado, el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú estableció una fórmula de pago y un proceso de compensación a los tenedores de bonos que eran arbitrarios e injustos, no cumplían con las instrucciones del tribunal constitucional y estaban diseñados para minimizar los montos pagaderos a los tenedores de bonos. El tribunal también estableció que varios aspectos de la fórmula de pago del Ministerio no tenían justificación razonable, que los testigos y expertos de Perú no podían explicar elementos clave de la fórmula, y que el enfoque del Ministerio sólo podía explicarse por el objetivo impropio de reducir las cantidades que recibirían los bonistas.”
En su Opinión Discrepante, Stern, entre otros, acusa a Gramercy de estar comprando una demanda contra el Estado peruano: “El hecho de que Gramercy se centrara en las reclamaciones adjuntas a los Bonos y a los posibles beneficios que podría obtener de ellos se puede ver en los contratos mediante los cuales Gramercy compró los Bonos, donde se especifica que los activos adquiridos incluyen los Demanda contra el Estado peruano.”
