La compañía petrolera Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), propiedad de la compañía argentina Pampa Energía, ha presentado un arbitraje de inversiones contra Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) tras los fallidos intentos de renovar las operaciones en noviembre de 2024 para operar los campos petrolíferos en Esmeraldas.
En 2018, OCP, entonces con participación de Repsol, presentó un arbitraje contra Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) del que desistió poco después, tras el acuerdo amistoso con el Gobierno, en una demanda relacionada con el “tratamiento fiscal de la deuda subordinada emitida para la financiación de sus operaciones”.
Repsol vendió su participación en OCP a Pampa Energía en mayo de 2023 con lo que ésta alcanzó una participación del 60%, también había comprado participaciones a Agip y a Occidental Petroleum (ver “Repsol vende su parte del oleoducto ecuatoriano OCP a Pampa Energía”, Rubén Esteller, Javier Mesones, El Economista, 22.05.22023).
La actual demanda se registró el 2 de mayo de 2025 contra el Ministerio de Energía y Minas y la Procuraduría General del Estado ecuatorianos.
En diciembre el Gobierno de Ecuador asumió la operación de OCP por un periodo de seis meses previo a que se produzca otra licitación. La información emitida por el Gobierno destacó que se trató de “un traspaso ordenado y transparente que fortalece la soberanía energética y garantiza la continuidad de una operación eficiente, un servicio público de transporte de hidrocarburos sin costo adicional, respeto a los derechos laborales y contratos con terceros” (ver comunicado “El Estado ecuatoriano asume, desde hoy, la administración del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)“, Boletín de Prensa Nro. 097, 01.12.2024).
