El pasado 26 de febrero, la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) anunció la composición del tribunal del arbitraje Telefónica contra Colombia.
El brasileño José Emilio Nunes Pinto, designado por las partes, será el presidente y los co-árbitros: el argentino Horacio Grigera, designado por Telefónica, y el francés Yves Derains, designado por Colombia.
Para Nunes Pinto este arbitraje es el sexto bajo administración Ciadi. En la actualidad es socio de la firma José Emilio Nunes Pinto Advogados.
Grigera ha participado en 24 procedimientos Ciadi hasta el momento, incluido el tratado. Desde 2005 se desempeña exclusivamente como árbitro y consultor.
Derains tiene en su haber, con éste, diez procedimientos Ciadi y es socio fundador de la firma francesa Derains & Gharavi.
La representación de Telefónica la lleva el despacho White & Case (Washington y Madrid) y Colomba cuenta con el despacho Dechert (París).
El 20 de febrero de 2018, el Ciadi registró la demanda de arbitraje de Telefónica invocando el Tratado Bilateral de Inversiones Colombia-España de 2005.
Historia del conflicto
El 25 de julio de 2017 se conoció el laudo del arbitraje entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia contra Claro (subsidiaria de América Móvil) y Colombia Telecomunicaciones (propiedad de Telefónica-Movistar) por el que ambas compañías debían pagar a Colombia 4,8 billones de pesos (1.554,4 millones de dólares). El arbitraje se administró en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Telefónica manifestó su intención de agotar todas las vías para defender sus intereses, incluso la del arbitraje de inversiones a la que recurrió finalmente.
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá
Según información de Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en julio de 2017, la compañía analizaba todas las implicaciones del laudo de la corte de la CCB para buscar diferentes “vías de impugnación local e internacional”.
El importe del laudo contra Colombia Telecomunicaciones, propiedad en un 67,5% de Telefónica, sería de 469,5 millones de euros.
