En abril de 2017, el grupo empresarial español Lidercón presentó un arbitraje de inversiones contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por un contrato de concesión de la inspección técnica de vehículos en exclusividad en el área de Lima Metropolitana.
Lidercón pide una indemnización de 100 millones de dólares por considerar que son la única empresa certificada, para realizar ITVs en la Municipalidad de Lima ,durante el plazo de vigencia de la conesión.
Ahora, Lidercón Perú hace valer su dependencia de la Municipalidad de Lima ante las declaraciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advirtiendo “que los certificados emitidos por plantas “suspendidas” no tienen ninguna validez”. Lidercón explica que los certificados emitidos en sus plantas sí son válidos y que el MTC no tiene competencia para inhabilitarlos (ver “Lidercón seguirá con inspecciones y el MTC acudirá ante la Fiscalía“, La República, 16.03.2019).
Raúl Barrios, representante legal de Lidercón, en una entrevista a América TV ha defendido la actividad de la empresa aunque no esté autorizada por el MTC (ver “Lidercon: “Es falso que nuestras revisiones técnicas no tengan validez“, América TV, 15.03.2019).
La defensa de Lidercón la lleva a cabo el despacho Hogan Lovells de Madrid, y la defensa de Perú el despacho Sidley Austin y Stanimir A. Alexandrov, Washington D.C.
